Servicios ambientales y corresponsabilidad social

19 junio 2008

Fuente:Cambio de Michoacán
18 de junio de 2008
Por Jaime Navia Antezana

En el 2008 México cumple cinco años de operar un programa llamado Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), cuyo objetivo esencial es conservar y mejorar los ecosistemas compensando a sus propietarios por las actividades que realicen para su mantenimiento. Pero ¿qué son los servicios ambientales y cómo se ha entendido este programa?
A las funciones naturales que realizan los ecosistemas y que generan beneficios para el hombre se les ha llamado «servicios ambientales». Esta nueva conceptualización promueve las relaciones medio ambiente-sociedad con verdaderas opciones de conservación y manejo de los recursos naturales.
Se parte de reconocer la importancia de estos servicios como elementos esenciales de nuestra propia vida y de las economías locales. Un ejemplo evidente es el abasto de agua, tanto para uso doméstico, industrial, como agrícola. El aguacate michoacano y todos los cultivos intensivos no serían nada sin los servicios ambientales hidrológicos, de los cuales depende la provisión continua del agua que demandan; y lo mismo podría decirse de todas las ciudades.
Pero además de lo local, también se relacionan con problemas globales tan relevantes como el calentamiento del planeta. La captura de carbono, servicio que realizan los ecosistemas forestales, es un mitigante de los gases de efecto invernadero.
Otros servicios que día con día obtenemos de los ecosistemas son: conservación de la biodiversidad, regulación de climas locales, producción de paisaje, así como la protección de asentamientos próximos a laderas y montañas cuando éstas tienen bosque.
Debemos precisar que estos servicios ambientales no los prestan las personas ni las instituciones, sino que son funciones de la naturaleza; pero en la medida que deterioremos o protejamos los recursos naturales, estaremos contribuyendo a que se mantengan o disminuyan. Se trata de una relación sinérgica ineludible y permanente.
En este contexto hay que recordar que el 80 por ciento de bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades y, por lo tanto, lo que ejidatarios y comuneros hagan o dejen de hacer en sus predios tendrá efectos directos en lo que el resto de la sociedad reciba como beneficio o perjuicio ambiental.
La pregunta es: ¿A quién corresponde la responsabilidad de mantener la permanencia de los servicios ambientales?
Si unos son los dueños y otros los beneficiarios entonces se deben evaluar, analizar y definir estrategias novedosas para que ambas partes resulten corresponsables y co-beneficiadas.
En este sentido, desde hace varios años especialistas y gobiernos de muchos países han estado trabajando y pensando en cómo mantener los servicios ambientales a largo plazo. Una de estas iniciativas propone que los beneficiarios de los servicios ambientales paguen o compensen la provisión a los que son dueños de los predios donde se generan. Tarea que ha resultado complicada ante el surgimiento de conflictos, intereses diferenciados, e incluso la carencia de políticas públicas específicas que aseguren su viabilidad.
En México se están realizando interesantes proyectos en Coatepec, Veracruz; Cuatro Ciénegas, Coahuila; Manantlán, en Jalisco y Colima, sólo por mencionar algunos.
El gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desde hace cinco años ha promovido un programa para el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) que en Michoacán ha beneficiado cerca de 20 mil hectáreas. El efecto de este programa en la conservación de los bosques michoacanos y de todo el país es innegable y en muchos casos ha servido para detonar proyectos de desarrollo en comunidades y ejidos. Sin embargo no podemos dejar de lado una serie de inconsistencias e incongruencias que pronto podrían convertirse en amenazas para los recursos naturales hasta ahora protegidos.
Las condiciones del Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) en sus primeros tres o cuatro años se restringían a mantener una cantidad de cobertura del bosque y a reportar cualquier contingencia como incendio o clandestinaje en el área incluida en el programa. En los últimos dos años las normas de operación han agregado que los dueños del predio deben elaborar un «Programa de mejores prácticas de manejo», en el que se presentan las actividades que podrían ayudar a proteger la provisión de los servicios ambientales. En todos los casos las comunidades, ejidos e incluso pequeños propietarios, reciben un apoyo monetario de 300 pesos por hectárea para bosque templado y 400/ha para bosque mesófilo de montaña, por lo que firman anualmente una carta de adhesión hasta un total de cinco años improrrogables.
Pero, ¿cómo podemos asegurar que una vez que se cumplan los cinco años, estos beneficiarios van a seguir conservando y protegiendo sus bosques? En primer lugar cinco años es una escala de tiempo en el que es muy difícil evaluar el estado de los bosques. Tampoco queda claro cómo las acciones propuestas a nivel de los dueños de predios, y mucho menos por los demás programas de la Conafor, se han dirigido a mantener la provisión de dichos servicios ambientales. Por ahora este programa es sólo un subsidio ambiental, bien intencionado y con algunos logros, pero al final subsidio. Nadie puede asegurar que los beneficiarios van a mantener su compromiso.
Si la idea es que este programa trascienda los cinco años, tenemos que atender el asunto como un proyecto con visión de cuenca, asegurando la participación de todos los actores, proveedores, usuarios de los servicios ambientales e instituciones. Tenemos que encontrar esquemas compensatorios eficientes, asegurar la equidad entre los partícipes, promover la transparencia en el manejo de recursos, pero sobre todo, impulsar procesos participativos de largo plazo.