Personalmente estaba seguro que para todos los mexicanos esto era entendido, si no con precisión sí con suficiente claridad. Sin embargo en el trabajo que realizo me he podido dar cuenta que no sólo estaba equivocado, sino que además realmente existe un gran desconocimiento y, por qué no decirlo, desinterés por el asunto.

Para responder a la pregunta tenemos que partir de conocer cómo se distribuye la tierra en nuestro país. Aproximadamente cinco por ciento del territorio nacional es propiedad del Estado, el resto se divide más o menos en partes iguales entre tierras de propiedad privada y tierras de propiedad social. El tema de esta entrega tiene que ver con las últimas.

La propiedad social es un sistema de tenencia de la tierra donde un colectivo, no una persona, tiene los derechos o ejerce los derechos de uso y usufructo de los recursos que están en dicho terreno. En México existen dos versiones, por llamarle de alguna manera, del régimen social de tenencia de la tierra: las comunidades indígenas que por derecho ancestral son dueñas de tierras y los ejidos, que por derechos otorgados a partir de la reforma agraria del siglo pasado han sido dotados de tierras.

Pero por supuesto que esto no ha sido tan simple como parece. El reconocimiento de las tierras de propiedad social ha estado manchado de sangre y de una larga lucha de pueblos y gobierno y entre los mismos pueblos. A tal punto que hoy en día muchas comunidades indígenas no cuentan con su acreditación oficial como entidades sociales, bien sea porque no se les otorgó una resolución presidencial, ésta no ha sido efectivamente ejecutada, se mantienen conflictos por la posesión de tierras con comunidades vecinas o porque simplemente algunas han decidido no ser parte del sistema oficial y rechazan cualquier intento de certificar, incluso privatizar, las tierras que efectiva y realmente poseen.

En términos de manejo de recursos naturales y del propio desarrollo local y regional, las experiencias son muy diversas. Desde los que aportan recursos, generan empleos, producen insumos básicos y conservan sus recursos naturales, hasta los que han abandonado sus propios derechos, sea por sobre explotación, desorganización interna, malas políticas públicas, desastres naturales, etcétera.

En México hay miles de comunidades y ejidos, algunas que son dueñas de unas pocas hectáreas (por ejemplo San Juan Bautista, en Uruapan, con 263 hectáreas), o de miles (como las comunidades de Pómaro y El Coire, en la costa michoacana, que juntas suman más de 150 mil o extremos como el ejido El Largo, en Chihuahua, que tiene más de 250 mil hectáreas). Sus dueños, comuner@s y ejidatari@s, integran un padrón que puede ser de decenas, cientos e incluso miles de hombres y mujeres que por derecho o por hecho se les confiere este reconocimiento. Para ser miembro de una comunidad o un ejido se debe cumplir con muchos requisitos, algunos que establece la Ley Agraria, con lo que son conformados los padrones o censos, así como muchos otros que son parte de los usos y costumbres de cada comunidad que permiten o limitan la integración de nuevos elementos al colectivo. En este sentido, no cualquiera puede ser parte de estos núcleos agrarios, es facultad de su asamblea general la aceptación de comuner@s o ejidatari@s, en ello radica la importancia de las decisiones que tomen sobre el manejo de sus recursos, sea ésta de manera individual o colectiva.

En este contexto, en México y en particular Michoacán, los bosques y las selvas se encuentran principalmente en tierras que son de propiedad social. Se estima que el 80 por ciento de estos recursos pertenecen a ejidos y comunidades y su aprovechamiento se encuentra sujeto a lo dispuesto en las leyes ambientales respectivas. Por ejemplo, para las selvas y el bosque esta la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como algunas versiones estatales y para el caso del agua la Ley de Aguas Nacionales, que define a este recurso como propiedad de la nación.

Con el fin del llamado reparto agrario, es decir a partir de la reforma a la Ley Agraria en los años 90, surge una gran amenaza a la propiedad social de la tierra y por lo tanto a los recursos naturales que poseen. Bajo el pretexto de la certeza jurídica en la propiedad y con el supuesto “que si la tierra es de todos nadie la cuida”, se ha generado una política de desprestigio a ejidos y comunidades, pero acéptese o no, la mayor parte de los recursos naturales están todavía preservados gracias a la sobrevivencia de estas instituciones sociales, es por ello que debemos reconocerla y asumir a su vez las responsabilidades que como sociedad y gobierno nos corresponden.