La guerra del agua amenaza la unidad de los socialistas

18 enero 2009

17/01/2009

El acuerdo interno del PSOE, de su grupo parlamentario y del Gobierno con los socialistas de Castilla-La Mancha y con su líder y presidente de la comunidad, José María Barreda, en torno a una nueva fórmula sobre el tratamiento del trasvase del Tajo al Segura, dentro del Estatuto de Castilla-La Mancha, puede agrietarse.

Los socialistas de Valencia y Murcia se oponen rotundamente al último texto que el Gobierno ha presentado al PP. No les vale a los socialistas del Levante que la caducidad del trasvase del Tajo al Segura para el año 2015, como figuraba en el estatuto aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, haya pasado al preámbulo como una orientación y no como un mandato.

El hecho de que en la disposición transitoria primera se diga que "el volumen del agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reducirá progresivamente", junto al establecimiento de una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos no trasvasables para Castilla-La Mancha, "deja las cosas como estaban y quita importancia a que se lleve la caducidad al preámbulo", señala taxativo el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

"Si el estatuto se aprueba con ese texto, los socialistas valencianos promoveremos en las Cortes de la comunidad una iniciativa para que el Parlamento recurra ese estatuto ante el Tribunal Constitucional". Ésta es la amenaza que anuncia Alarte en EL PAÍS. La misma iniciativa tomarán los socialistas murcianos, según señala su secretario general, Pedro Saura, a este periódico.

El procedimiento sería el siguiente: los diputados socialistas de una y otra comunidad presentarían una proposición no de ley por la que se insta a su Parlamento a que promueva recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Castilla-La Mancha que salga de las Cortes Generales. No hay la menor duda de que prosperaría, dado que el grupo mayoritario, el PP, lo apoyaría y, con ganas, al oponerse frontalmente también al texto que el PSOE ha presentado al PP nacional, que no lo ve con malos ojos.

Saura asegura que su oposición a disminuir la posibilidad de trasvase es "en defensa de España, porque en estos momentos de crisis, el sector agroalimentario de la región funciona muy bien, pero necesita del agua", sostiene Saura. Además, a ambos se les antoja excesiva la reserva de 600 hectómetros cúbicos, frente a los 240 que ahora tiene la comunidad de Castilla-La Mancha. Desde el Grupo Socialista, el diputado Alejandro Alonso, miembro del equipo negociador con el PP, confía en que sus compañeros valencianos y murcianos respeten el derecho de las Cortes Generales a aprobar el Estatuto, aunque asume con naturalidad que después de aprobado por las Cortes, puedan recurrirlo ante el Constitucional.