La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció lo que en los hechos podría considerarse una eventual cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota, al afirmar que los convenios de ocupación temporal de las tierras hechos con los núcleos agrarios han perdido vigencia, las actas de las asambleas para aprobación del proyecto fueron anuladas y sus juicios ya están concluidos “en todas sus instancias”; no existe autorización para cambio del uso de suelo, ni lo habrá, pues se requiere la anuencia de las comunidades, además de que todas las negociaciones “se encuentran suspendidas”.

Lo anterior fue dado a conocer por la abogada Piscila Rodríguez Bibriesca, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien solicitó la puntualización vía la Ley de Acceso a la Información.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa (CECOP), así como de otras organizaciones que el 30 de marzo constituirán un frente, la abogada aseguró que con este reconocimiento la paraestatal queda sin ninguna posibilidad de imponer el proyecto.

Mostró el documento suscrito por el titular de la Unidad de Enlace para la Información Pública de la paraestatal, Carlos Sandoval Leyva, con el que da respuesta a una solicitud del 25 de noviembre pasado, que se formuló a raíz de las declaraciones del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Magdy Martínez-Solimán, quien el 22 de enero pasado se pronunció por la construcción de hidroeléctricas, entre ellas La Parota.

El Cemda hizo cinco preguntas a la CFE a través del sistema de información Infomex. La primera es sobre los convenios “o cualquier otro acto jurídico” para ocupación previa de los terrenos afectados por la presa, a lo que la paraestatal respondió que dichos documentos “están concluidos en cuanto a su vigencia” pero los contratos de comodato para las casas “se encuentran vigentes”.

Una segunda pregunta fue si existen expedientes expropiatorios en todas o algunas de las comunidades afectadas, y la respuesta fue que no hay tales expedientes porque “el trámite de expropiación no se ha iniciado”.

Los abogados quisieron saber el estado procesal de los procedimientos administrativos o judiciales suscitados por la construcción de la presa, a lo que la CFE respondió que los juicios agrarios “están concluidos en todas las instancias”, cuyas actas de asamblea –que daban la aprobación al proyecto– fueron declaradas nulas en 2007.

Respecto a la autorización de la Semarnat para cambio de uso de suelo, la dependencia informó que no se ha tramitado porque se requiere el estudio técnico justificativo y la anuencia de las asambleas, “las cuales a la fecha se encuentran suspendidas”, al igual que las negociaciones con los pueblos relativas a la indemnización por afectación de sus tierras.

Rodríguez Bibriesca criticó por otra parte al representante del PNUD y sus declaraciones, pero dijo que éstas fueron promovidas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, para hacer contrapeso a los informes emitidos en 2007 por los relatores especiales de poblaciones indígenas, derechos humanos y vivienda de la ONU, quienes cuestionaron el proyecto en función de los impactos negativos que tendría en el medio ambiente y el nivel de vida de las comunidades.

Se prepara elección

Por otra parte, en virtud de que en marzo debe realizarse el relevo en el comisariado ejidal de los bienes comunales de Cacahuatepec, ayer se presentó una planilla encabezada por Nemesio Valeriano y Evaristo Mendoza Ramírez, como aspirantes a presidente del comisariado y del Consejo de Vigilancia.

En conferencia de prensa, señalaron que el comisariado que encabeza Jesús Crisanto Arellano no ha publicado la convocatoria para el relevo, pero indicaron que ellos ya están organizándose. La lucha, expresaron, es por recomponer el tejido social en la zona, e incorporar a representantes de cada pueblo, sea simpatizante u opositor al proyecto hidroeléctrico.