El gobierno oculta los intereses que hay atrás de los proyectos carreteros: afectados

19 mayo 2009

Fuente: La Jornada de Oriente
18 de mayo de 2009
Por Javier Puga Martínez

Este sábado se realizó la primera caravana por la defensa de la tierra y el agua de los estados de Puebla y Tlaxcala, la cual logró convocar un gran número de habitantes más de 40 poblaciones, comunidades, colonias y rancherías de esta zona interestatal, los cuales expresaron un “¡ya basta!”, en oposición a los proyectos carreteros del gobierno de Mario Marín Torres.

La administración estatal poblana –se expuso a lo largo de la caravana– está trazando los arcos carreteros norte, oriente y surponiente de la ciudad de Puebla, con el argumento de que servirán para evitar el cruce de transporte por esta metrópoli y trasladar productos y servicios con mayor rapidez a la ciudad de México, a Veracruz, al aeropuerto Hermanos Serdán y a otros destinos.

A la fecha –dijeron los afectados– el gobierno se ha negado a mostrar los planos de esas vialidades y los contratos de dos de ellos, los arcos norte y oriente, fueron entregados directamente al consorcio español Obrascón, Huarte y Laín (OHL). La inversión en todas esas obras es superior a los 2 mil millones de pesos.

Para los labriegos la visión es distinta: se tratan de proyectos carreteros que, además de despojarlos de sus tierras –particulares les han ofrecido comprarlas hasta en 10 pesos por metros cuadrado–, facilitarán la llegada de especuladores, de industrias que no contratarán a los campesinos y degradarán aun más los recursos naturales de la región, principalmente el agua.

“¡Está más cara una coca cola o una caguama que la tierra que nos da de comer!”, fue una de las consignas lanzadas por los ejidatarios y comuneros.

La caravana partió de la colonia Barranca Honda, al norte del municipio de Puebla con rumbo a las juntas auxiliares de Tlaltepango, Tlaxcala, pasando por San Sebastián Aparicio, y La Resurrección, Puebla, lugares por donde cruzará el arco norte.

Posteriormente siguió hacia San Andrés Azumiatla, Puebla y luego a San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula; en el manantial de Acuexcomac los automóviles y autobuses en los que se desplazaron los manifestantes hicieron un nueva parada y culminó cerca de las 8 de la noche en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla.

De las 12 comunidades en donde la caravana hizo actos masivos, el más emotivo fue en el pueblo de San Andrés Azumiatla, uno de los lugares más pobres del estado, en donde los campesinos exigieron la liberación inmediata de sus 17 compañeros presos en el penal de San Miguel.

Esos hombres y mujeres, entre ellas una embarazada y otra amantando a un infante, así como un menor de edad y un discapacitado mental, fueron capturados y golpeados salvajemente durante la irrupción violenta de la Policía Estatal, el 25 de abril pasado; la madrugada de ese día, los gendarmes “rescataron” a cuatro topógrafos que trazaban una nueva vialidad en los terrenos de Azumiatla.

Posteriormente, los labriegos de ese lugar señalaron que fueron víctimas de una trampa de la administración estatal para permitir la construcción de la carretera la cual, dijeron, será el detonante de nuevos despojos de predios ejidales, así como de la edificación de fraccionamientos residenciales, por lo que también manifestaron su oposición a este proyecto.

Por la noche, en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en el valle del Popo–Izta, los participantes en la caravana refrendaron su compromiso de unidad y de rotundo rechazo a los proyectos carreteros.

Afirmaron que el gobierno del estado de Puebla debe primero dotar a los pueblos de servicios básicos, de clínicas de salud eficientes, crear oportunidades de empleo, reactivar al agro poblano y evitar la contaminación de los mantos freáticos pero no a costa de los más pobres ni favoreciendo a los intereses del capital nacional y extranjero.

El discurso de los participantes giró en torno a la criminalización de los movimientos sociales en la entidad por la actual administración estatal. Afirmaron que esa es una de las principales características por las cuales se ha distinguido el gobierno de Marín Torres, al reprimir con la violencia “a todos los que pensamos diferente”.

La principal prueba es que a tres semanas de que ocurrió el enfrentamiento violento en Azumiatla continúan presos sus compañeros a pesar de que la autoridad judicial no ha podido comprobar la participación de ellos en contra de los topógrafos o de la Policía, dijeron.

Agregaron que la Procuraduría de Justicia sólo se ha basado en versiones de uno de los detenidos, que padece de sus facultades mentales, para incriminar a los ahora reos en el penal de San Miguel de los cargos de motín, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad y lesiones.

El Comité de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua nació el 15 de marzo pasado; La Jornada de Oriente dio cuenta de este hecho cuando informó en su edición del día siguiente sobre la asamblea vecinal que sostuvieron en la plaza de San Lucas Atzala, hombres, mujeres y jóvenes de Zacatepec, San Andrés Calpan, San Jerónimo Tecuanipan, San Lucas Nextetelco y San Francisco Coapa, apoyados por otros de Coronango y Tlaxcalancingo, quienes exclamaron al gobierno del estado de Puebla su oposición a la realización de proyectos sin tomarlos en cuenta.

Fue la primera vez que se dio a conocer sobre la oposición de las comunidades de la región del Popo–Izta y su rechazo a la construcción de la autopista Atlixcoaeropuerto, mejor conocida como el arco poniente de la ciudad de Puebla.

En esa ocasión los campesinos clamaron: “¡No queremos carretera, queremos comer!”, “¡Queremos apoyos reales para el campo!”. Las mismas consignas fueron escuchadas este sábado durante la realización de la caravana en defensa de la tierra y el agua.

A dos meses de distancia de la primera reunión informativa, los participantes manifestaron que este proyecto carretero no es nuevo, pues se viene planeando desde hace cuatro años, cuando ingenieros topógrafos del estado levantaron planos y cartas de los predios por donde ahora se pretende construir la vialidad.

Asimismo, aseguraron que las ofertas de especuladores no han variado: 10 pesos por metro cuadrado de tierra y son hechas por enviados del gobierno del estado. Aunque algunos campesinos están interesados en vender, señalan que el precio ofrecido por tierras productivas es risorio.

Los manifestantes de la caravana señalaron que la táctica de los empleados gubernamentales es decirles a los propietarios que no tienen más remedio, pues en los demás pueblos los campesinos ya aceptaron vender la tierra.