Objetivos: Documentar los impactos negativos que las actividades mineras causan en los territorios y en la vida de las comunidades.

La Ley Minera vigente define esta actividad como de utilidad pública y preferente sobre cualquier otra, a pesar de que se trata de una actividad de interés privado, con enormes daños ambientales y sociales y escasos beneficios económicos para el país y para los habitantes de las regiones donde se desarrolla. Hoy, la minería deja graves secuelas, en ocasiones irreversibles, en distintas regiones del país. Entre ellas: la contaminación de cuerpos de agua y suelos, deforestación, destrucción del paisaje, enormes montañas de residuos tóxicos, desplazamiento de comunidades, conflictos sociales y violencia, daños a la salud pública.

Lanzamiento de la convocatoria:
30 de junio del 2021

Cierre de convocatoria:
30 de septiembre de 2021

Resultados:
14 de octubre del 2021

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