El gobernador Guillermo Padrés Elías presentó el esquema a la Conagua y a la Semarnat, tras de lo cual fue aprobado y hasta dicen que la Conagua ofreció el respaldo técnico y legal para agilizar el proceso tendiente a acabar con el desabasto de agua en Hermosillo.

A los productores de Granados y pueblos circunvecinos les ofrecieron 30 mil pesos por hectárea de por vida por sus excedentes de agua, lo cual permitirá trasladar agua serrana a Hermosillo, no siendo posible aplicar ese programa en el Valle del Yaqui por la férrea oposición de los “agrotitanes” y de la comunidad en general a poner en riesgo su agua, sus cultivos y su subsistencia. Además que en el Gobierno del Estado se vieron muy “cododuros” al ofrecer sólo diez mil pesos por hectárea a los yaquis, siendo que a los granadeños les dieron 30 mil pesos por hectárea por sus derechos de agua. Y eso ya calienta.

En un comunicado oficial del gobierno estatal se destacó que el titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, alabó el programa de compras de derechos de agua río arriba del Valle del Yaqui, arguyendo que “de esa manera no se le causa daño a nadie ni se altera la sustentabilidad del acuífero”. Y que además ofreció todo su apoyo “para los trámites legales que harán posible que esa agua que hoy no se usa, se utilice para el consumo humano”.

Así las cosas, el gobierno estatal avanza en su pretensión de trasladar agua de la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora a través de un acueducto o a “pipazos” como advirtió el director de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Martínez Preciado.

El respaldo de la Conagua a la construcción del acueducto o a la compra de los derechos de agua en la serranía, no otorga una solución de fondo al conflicto en el sur de Sonora, sino que lo aumenta al obligar a los “agrotitanes” del Yaqui a acudir a los tribunales o hasta al mismo diablo para defender lo que consideran su patrimonio.

Con esa “jugada” de comprar agua a los granadeños el gobierno estatal toca la retirada en el Valle del Yaqui, con lo cual el líder agrario Alfonso Valenzuela Segura y seguidores afines al gobierno panista se quedaron con las ganas de vender su agua y sus tierras al mejor postor.

Por otra parte, la Conagua y Semarnat consideraron que la opción de construir una planta Desaladora para abastecer de agua a algunas regiones como Hermosillo es viable de manera técnica pero inviable económicamente.

Total, que se van a ir con todo a la compra de agua de la cuenca del Yaqui, con lo que iniciará una nueva etapa en el conflicto que no parece tener solución, pues de la lucha legal se pasará a la arena política, en un cuento de nunca acabar.

Mientras eso sucede, Hermosillo muere de sed por la incapacidad del gobierno municipal, quien a ocho meses de su administración empieza a buscar nuevas fuentes de agua.

El director de Agua de Hermosillo, José Luis Jardines, informó que lanzarán una licitación para que se perfore a 500 metros de profundidad en busca de agua en zona de piedras calizas al suroriente de la ciudad.

“Son exploraciones lentas, caras y puede que no den resultados”, advirtió Jardines.

El Ayuntamiento de Hermosillo no ha informado del costo de las perforaciones a 500 metros de profundidad. Como no hay nada que perder pero sí mucho que ganar con las perforaciones, habrá que ver quien se queda con los contratos millonarios.

Sería buena una opinión sobre ese tema del regidor Epifanio Salido Pavlovich y del diputado Ulises Cristópulos Ríos, quienes tienen otras alternativas más viables (y podrían ser hasta más baratas) para abastecer de agua a la capital, mismas que han sido ignoradas por el alcalde Javier Gándara Magaña.

Por cierto, mal se vio el Ayuntamiento al cancelar las Fiestas de la Vendimia en el Poblado Miguel Alemán. El alcalde pretende acabar con una tradición de dos décadas en la Costa de Hermosillo, porque no quiere que le hagan competencia al despilfarro de las decadentes “Fiestas del Pitic”.