ONG respalda recomendación de CDHDF sobre Súpervía

21 enero 2011

“Manifestamos nuestro respaldo a la recomendación emitida por la CDHDF y consideramos que se encuentra sustentada y respaldada en una investigación exhaustiva por lo que guarda proporción con las violaciones documentadas dentro del ámbito de su competencia”, expresan mediante un comunicado mas de 50 organizaciones civiles.

20 de enero de 2011

Fuente: Grupo Fórmula

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los derechos para todas y todos”, respaldaron el contenido de la recomendación 01/2010 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, en torno al proyecto de la Supervía Poniente.

La recomendación citada ubica claramente las violaciones a los derechos humanos de quienes vivimos en esta urbe con este proyecto. Entre las afectaciones plenamente investigadas, documentadas y justificadas por la CDHDF se encuentran el Derecho a la vivienda, incluyendo la seguridad de la tenencia y vivienda digna.

Asimismo, el derecho a un medio ambiente sano, incluyendo la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente y la protección y mantenimiento de las áreas declaradas como de valor ambiental y preservación ecológica.

El derecho al agua, incluyendo el abastecimiento de agua continua y suficiente para el uso personal y doméstico. El derecho a la información, incluyendo el de ser informados sobre leyes, decretos y acciones de gobierno de interés público respecto de materias relativas al Distrito Federal y sobre la realización de obras y servicios de la Administración Pública mediante la difusión pública.

También derecho a la participación ciudadana, incluyendo la garantía efectiva acceder y participar en la toma de decisiones de Gobierno durante la formulación del proyecto de la obra y durante el inicio de su ejecución.

El derecho a la seguridad jurídica y legalidad, incluyendo la observancia de la ley y su debida motivación. También evitar la actividad del gobierno para propiciar y favorecer actividades irregulares que beneficien a particulares en detrimento del interés público.

Asimismo, consideraron necesaria la suspensión de la obra hasta que no se sostenga un diálogo público en un lugar neutral que asegure una participación amplia y plural.

El diálogo, dijeron, debe recoger las preocupaciones, opiniones y propuestas así como la valoración de alternativas. Debe incluir un diagnóstico sobre las necesidades de movilidad de las personas y un proyecto de movilidad que considere una Manifestación de Impacto Ambiental completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos.

Pidieron una investigación correspondiente y la aplicación de sanciones por el desacato de medidas precautorias solicitadas por la CDHDF y por la omisión de resolver el conflicto de intereses en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, además de las reformas a la legislación ambiental y de concesiones de obras públicas del Distrito Federal para que no se vuelva a repetir este tipo de proyectos.

También la elaboración y ejecución de un programa de mejoramiento urbano que restituya a la zona afectada en su carácter de entorno digno para quienes la habitan y el inmediato retiro de la fuerza pública y el cese al hostigamiento contra las personas que manifiestan oposición al proyecto de la Supervía, especialmente al Frente Amplio.

“Esperamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, acepte integralmente la recomendación en el ámbito de su competencia como muestra de responsabilidad social y política así como de pleno respeto a los derechos humanos en el Distrito Federal”, señalaron.

Consideraron que una respuesta negativa contradice los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal, en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, ambos asumidos por esta administración.

Opinaron que frente a la recomendación, el Gobierno del Distrito Federal tiene la oportunidad de fortalecer el debate público y los derechos humanos de la ciudadanía del Distrito Federal.