Mientras los técnicos de la compañía Iamgold aseguran un manejo ambiental adecuado en el área del proyecto Quimsacocha, la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, FOA, y la Unión de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, Unagua, califican de alentadora la admisión a la causa de inconstitucionalidad de la concesión a Iamgold

22 de septiembre de 2011

Fuente: El Tiempo

Por Diego Cáceres

“Después de realizar la explotación, el campo quedará exactamente como se observa”, dijo Vicente Jaramillo, coordinador general de responsabilidad ambiental de la empresa minera, tras un recorrido por la zona de perforaciones.

Tras explicar que no habrá daños al ecosistema, Jaramillo afiirmó que si bien en un sector del páramo se presenta la división de aguas de los afluentes que alimentan a los ríos Yanuncay, hacia el Oriente, y Jubones, al Occidente, no se afectará a ninguna.

Solo se tomará el recurso de la quebrada Cristal Alumbre, pues, aunque se encuentra en la demarcación hidrográfica del Jubones, tendrá un tratamiento acorde a la normativa ambiental.

Recuerda que mediante ordenanzas municipales de Cuenca se prohíben las actividades extractivas en las cuencas de los ríos Yanuncay y Tomebamba. Aclara, además, que las lagunas de Quimsacocha no están dentro de los sectores concesionados, pues en 2008 Iamgold devolvió al Estado 3.200 hectáreas; dentro de ellas están las lagunas. “De la zona no se tomará un solo litro de agua, como es la preocupación. Inicialmente se había hecho una solicitud de aprovechamiento de agua de un litro por segundo, pero después, en los estudios de prefactibilidad, se determinó que no era necesario, vamos a tomar el agua de otra fuente, de la microcuenca del río Zhucay (Cristal Alumbre), ocho litros por segundo”.

Inconstitucional
Es el calificativo que Leonardo López,  presidente de la FOA, le da a las concesiones efectuadas dentro de las áreas protegidas. “No se ha aplicado el Mandato Minero que fue expedido por la Asamblea Constituyente”, asevera.

Hace casi dos años, relató, la FOA y la Unagua demandaron en la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de los otorgamientos realizados por el Estado y que el Gobierno del presidente Rafal Correa no ha hecho cumplir, pese que la citada reglamentación se publicó en abril de 2008.

En su artículo tres, el Mandato dice: “Se declara la extinción sin compensación económica alguna a las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellos que afectan nacimientos y fuentes de agua”. Esto se suma a lo estipulado en el artículo 12 sobre las disposiciones, que se aluden como de obligatorio cumplimiento.

A su turno, Carlos Pérez, coordinador de la Unagua, dice que Iamgold miente al decir que no dañará los páramos. “El bosque protector Irquis-Yanuncay está constituido por 33.420 hectáreas y de eso está entregado a Iamgold 9.200 hectáreas, 45.000 hectáreas a Cornexton, más 6.200 hectáreas a IMC en Río Blanco, están prácticamente todas”, citó. Añadió que el único camino que les queda a los campesinos para defender a la naturaleza es la resistencia.

Consulta popular el 2 de octubre

El sistema comunitario de agua Tarqui-Victoria del Portete realizará una consulta popular el 2 de octubre, en ella el pueblo decidirá si quiere o no la actividad minera. Martha Arévalo, presidenta del Tribunal Electoral Comunitario, comentó que no hace falta la autorización del Consejo Nacional Electoral, CNE, para cumplir con este proceso.

“Para esto se hace un trámite que establece la Constitución, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y el reglamento instructivo del sistema de agua comunitario, ya se realizó la convocatoria”, relató.

El proceso se cumplirá de 07:00 a 14:00 en el Centro Parroquial de Victoria del Portete. Tienen derecho al voto los titulares de los derechos de uso o, en su ausencia, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Los resultados se proclamarán y remitirán a las autoridades correspondientes.

Uno de los artículos de la Constitución en los que se basa Arévalo es el 57, en el que se reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y los procesos de consulta previa.