No obstante esto, las autoridades estatales y muchos habitantes de la zona lo tratan como si fuera un mero depósito de agua y desperdicios, invulnerable e inagotable, con el que se puede hacer o dejar a otros hacer cualquier agresión. Como consecuencia de esta actitud negligente, los niveles críticos de contaminación que ofrece este lago periódicamente son resultado de acciones humanas perfectamente determinadas y conocidas desde hace mucho tiempo. El Gobierno central debe tomar a su cargo el caso urgente de la recuperación ambiental y sanitaria de sus aguas. No es posible aguardar más y no cabe esperar que las municipalidades y gobernaciones lo hagan.

Es necesario repetir por enésima vez algo que todos en este país saben: que el lago Ypacaraí constituye el más provechoso accidente geográfico de la parte central de nuestra Región Oriental. Por su importancia para la regulación del clima, de la conservación del suelo, por su uso turístico y de entretenimientos, y un sinfín de otras ventajas, debería estar considerado como un recurso natural de lo más valioso para las comunidades aledañas, en forma directa, e indirectamente para el país todo.

No obstante esto, las autoridades estatales y muchos habitantes de la zona lo tratan como si fuera un mero depósito de agua y desperdicios, invulnerable e inagotable, con el que se puede hacer o dejar a otros hacer cualquier agresión.

Como consecuencia de esta actitud negligente, los niveles críticos de contaminación que ofrece el lago Ypacaraí periódicamente son resultado de acciones humanas perfectamente determinadas y conocidas desde ya mucho tiempo. Entre ellas, destacan como las más graves los vertidos de desechos químicos (curtiembres) y orgánicos (mataderos) en los arroyos que lo alimentan, delitos que se perpetran a la luz del día, a la vista de las autoridades.

El agua del lago Ypacaraí tiene la particularidad de estar casi estancada, debido a que su desagüe sobre el río Salado, afluente del Paraguay, es lento y circunstancial, dependiendo de la diferencia de niveles entre los tres, que casi siempre es muy escasa. Por esta razón, su capacidad de degradar las sustancias extrañas que recibe tiene un límite, el cual ya fue sobrepasado largamente por las acciones humanas contaminantes que se producen en su cuenca. Cuando no puede resolver las agresiones que recibe, el lago reacciona generando diversos tipos de consecuencias peligrosas, como las algas tóxicas y otros efectos similares.

Las denuncias concretas sobre contaminación de esa cuenca lacustre datan de al menos tres décadas, si no es más, en cuyo lapso en esa región se sucedieron centenares de gobernadores, intendentes, concejales y otras autoridades. ¿Qué atención le prestaron al más importante recurso de su área de acción política y administrativa? Hace ya años se escuchó decir que la Secretaría del Ambiente había logrado que las curtiembres, mataderos y fábricas de chacinados de la zona de influencia lacustre se avinieran a instalar plantas procesadoras de residuos tóxicos para no continuar vertiéndolos en cursos de agua. Sin embargo, ahora vuelven a formularse denuncias sobre el funcionamiento de esta misma clase de empresas, sea en forma clandestina o legal.

Pero, además de la Secretaría del Ambiente, organismo que fue creado con la exclusiva finalidad de ocuparse de estos problemas, están las gobernaciones y las municipalidades. ¿Qué están haciendo los veintitantos intendentes y los dos o tres gobernadores de la cuenca lacustre para impedir que la contaminación del lago Ypacaraí llegue a poner en grave peligro a este recurso natural? ¿Cómo es posible que las autoridades que por sus atribuciones y competencias tienen la obligación de preservar este inmensamente importante recurso natural no se ocupen de defenderlo ni les inquiete su suerte?

Hay que decirlo claramente y sin ambigüedades: dan la impresión de que les importa un pepino.

Lo que sí les interesa –y esto salta a la vista– es el incremento de la recaudación en concepto de impuestos y tasas. De ahí la premura con que aprueban loteamientos y urbanizaciones en la cuenca hidrográfica, sin realizar ni hacer cumplir obras previas de mitigación de impacto ambiental, sin exigir sistemas de seguridad sanitaria para impedir la contaminación de las napas freáticas y los cursos de agua tributarios del lago.

Otra cuestión crucial que surge espontáneamente, a la vista de tanta desidia, es: si el lago, impotente ante las agresiones, acaba por degradarse irreversiblemente, tornándose inepto para todos o la mayoría de los empleos que actualmente tiene, ¿qué ocurrirá con las urbanizaciones? ¿Quiénes querrán adquirir lotes, casas o unidades productivas en la zona? ¿Qué pasará con la industria turística? ¿Cómo afectará el fenómeno a otras actividades económicas como el transporte público, los entretenimientos y espectáculos, etc., etc.? ¿Quiénes pagarán los impuestos y tasas que tanto ambicionan las municipalidades y que, por lo que se ve, para lo único que sirven hasta ahora es para ampliar la burocracia inútil de sus oficinas?

Desde hace décadas se vienen realizando decenas –si es que no son ya centenas– de encuentros de estudio, talleres, seminarios, etc., en torno al tema de cómo salvar al lago Ypacaraí de su gradual inutilización. Pasaron por dichas reuniones intendentes, concejales, gobernadores, funcionarios gubernamentales, expertos técnicos y hasta meros interesados en el problema. Se elaboraron innumerables proyectos, centenares de recomendaciones, miles de manifestaciones de “preocupación”, de “alarma”… todo al santo botón. Todo eso se apolilla en los cajones y archivadores de la burocracia indiferente e irresponsable que dormita en intendencias, gobernaciones y oficinas estatales.

El Gobierno central debe tomar a su cargo, a través de la Seam y de los ministerios pertinentes, el caso urgente de la recuperación ambiental y sanitaria de las aguas del lago Ypacaraí. No es posible ya aguardar más y no cabe esperar que las municipalidades y gobernaciones lo hagan. Tienen mil pretextos para no ocuparse del asunto. Por lo tanto, la iniciativa y las soluciones tienen que surgir de la autoridad central.