“Por lo menos el 40% de la población carece de acceso a la red de alcantarillado; la mayoría de esas personas usa fosas sépticas”; “los camiones que prestan servicios a las intendencias no son suficientes para satisfacer la demanda”; “alrededor de 1.100 escuelas en zonas rurales carecen de acceso a servicios de abastecimiento de agua”; “en el barrio Borro hay personas que se ven obligadas a defecar al aire libre o utilizar los servicios sanitarios de parientes y vecinos”, señala en su informe la relatora de ONU Catarina de Alburquerque, entre otros conceptos.

En su visita a nuestro país, realizada en febrero de este año, la relatora especial de ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento visitó distintas zonas y se entrevistó con autoridades nacionales y municipales, así como con ONG que trabajan en áreas de contexto crítico. Advirtió que Uruguay ha logrado avances significativos, “pero ahora es urgente dar prioridad a los más vulnerables y marginados”.

Al ser entrevistada por El País, De Alburquerque expresó una visión crítica sobre las posibilidades que tienen organismos como la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) para ejercer el contralor. “Y no sólo la Ursea: la Dinagua, la Dinama… No tienen capacidad para hacer lo que la ley les impone. Cuando me hablan de los megaproyectos industriales y mineros me dicen que es un problema. Es verdad que pueden ser un problema, pero sólo si no hubiera fiscalización y monitoreo. Es por eso que siempre los garantes de los derechos humanos al agua y el saneamiento son instituciones independientes. La Ursea, por ejemplo, debería ser más independiente, con presupuesto independiente y más competencias”, indicó.

La relatora dijo que la Ursea “tiene sólo tres personas trabajando en todo el país en agua y saneamiento” y que es preocupante que solo se haga tratamiento a algo más del 60% de las aguas servidas. “Muchas de las restantes aguas servidas -que tiene origen en pozos negros o fosas sépticas- no reciben ningún tipo de tratamiento y están, de acuerdo a informaciones que recibí de varios actores, infiltrando el suelo y llegando a algunos acuíferos que ya están contaminados con coliformes”, alertó.

Tras varios meses de elaboración, la experta dio a conocer su informe oficial en el que repasa algunos conceptos ya esgrimidos en Montevideo, aporta otras recomendaciones y enciende luces de alerta.

SANEAMIENTO. La relatora fue informada de que por lo menos 40% de la población carece de acceso a la red de alcantarillado y que “los camiones (barométricos) que prestan servicios a las intendencias no son suficientes para satisfacer la demanda”. Por ejemplo, en el barrio Casabó, donde viven unas 100.000 personas “hay camiones barométricos, pero la mayoría del tiempo están averiados o fuera de servicio”.

“Algunas familias pagan un servicio privado más caro, mientras que otras tienen que vaciar ellas mismas sus fosas sépticas de forma manual, porque no pueden pagar ese costo”, apuntó.

Aproximadamente el 11% de la población de Montevideo vive en asentamientos irregulares. Uno de ellos es el barrio Aquiles Lanza, en Malvín Norte, donde hay 280 familias.

“El asentamiento se construyó en terrenos de propiedad privada y tiene problemas de contaminación por plomo. Las condiciones de vida, incluido el acceso al agua y el saneamiento dentro de las viviendas, no puede mejorarse”, advirtió De Alburquerque.

Según la información proporcionada a la enviada de ONU, hay unas 1.800 personas que viven en las calles, principalmente en Montevideo.

“Los Estados deben garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, que proporcione intimidad y garantice dignidad”.

Si bien De Alburquerque reconoce la existencia de albergues para indigentes, también destaca que estos funcionan solamente durante la noche.

La enviada de ONU también reparó en algunos baños de la Colonia Berro y en el acceso que tienen los internos al saneamiento: “Las condiciones físicas e higiénicas de los baños eran malas y claramente no cumplían con las normas de derechos humanos”.

En uno de los edificios visitados, el acceso a los baños “estaba limitado, pues (los internos) debían obtener autorización de los guardias y pasar por dos controles de seguridad”.

CUIDADO DEL AGUA. La relatora de ONU recibió información respecto a que en algunas zonas rurales el agua potable está “excesivamente clorada, posiblemente para combatir la contaminación” (ver nota aparte).

Advirtió sobre la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental (por parte del Estado y no de particulares interesados) “para asegurar que determinadas actividades económicas no menoscaben los derechos humanos al agua potable y el saneamiento”. Y recordó al gobierno de Uruguay que “los actos de omisión pueden equivaler a violaciones de los derechos humanos”. En este sentido, recomendó velar por los proyectos de inversión en gran escala, para que “no causen efectos negativos en la cantidad y calidad del agua para uso personal y doméstico”.

Advertencia por agroquímicos y explotación de la ganadería

La enviada de ONU fue informada de que algunas industrias ganaderas y proyectos en gran escala tienen efectos negativos en los recursos acuáticos. Los agroquímicos y los desechos fecales, en su mayoría de ganado porcino o vacuno, “se descargaban directamente en las fuentes de agua y estaban afectando a la calidad del agua y aumentando el riesgo de diversas enfermedades”.

“Cuando llueve, los efluentes penetran en el terreno por lixiviación o transportan materia fecal a los ríos, movilizando los contaminantes y mezclándolos con el agua que contamina los ríos”, indica el informe.

Según De Alburquerque, esta es la situación en la cuenca del Santa Lucía – principal fuente de agua potable del área metropolitana-, por “las granjas lecheras de San José y Canelones”.

“Los pozos también estaban contaminados, ya que los efluentes penetraban en la capa freática”, añade.

ALERTAS PARA EL GOBIERNO

La relatora de ONU recomendó al gobierno que fortalezca las competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), permitiéndole vigilar la calidad y los precios del agua y el saneamiento y el acceso a estos servicios.

También propuso que el Estado “vele por que los estudios de evaluación del impacto ambiental sean realizados y/o vigilados por entidades que actúen de forma independiente de las empresas proveedoras de los servicios”.

Según De Alburquerque, es necesario dotar de forma “urgente” de “suficientes recursos humanos y financieros” a otras instituciones como la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) o la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que no pueden “desempeñar su mandato y, por lo tanto, no pueden cumplir sus funciones de manera eficaz”.

En marzo de 2009 el relator de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, elaboró un informe crítico sobre el sistema penal uruguayo. Y al igual que De Alburquerque, se refirió a la Colonia Berro: los internos “tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Muchos reciben sedantes como sustitutos a las drogas”, sostuvo.

Nowak dijo que las condiciones de detención en algunas comisarías que visitó “eran malas, con celdas oscuras, húmedas e inmundas”.

Las cifras

1.100

Escuelas en áreas rurales carecen de acceso al agua potable, según el informe de la relatora de ONU Catarina de Alburquerque.

100.000

Personas aproximadamente viven en el barrio Casabó. La cantidad de camiones barométricos es insuficiente para la demanda.

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Fuente: El País / Andrés López Reilly

1 de octubre de 2012