En el río Coatzacoalcos ya no hay peces; pescadores están en extinción

Peligro. La Secretaría de Salud realizó un diagnóstico en 2002 donde se determinaba “que el 35\% de la carga total de enfermedad tiene su origen en factores ambientales”.

La calidad del líquido también ha descendido en la última década en una décima parte, de acuerdo con los parámetros internacionales —demanda química y bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales—.

“Como país generamos gran cantidad de aguas residuales y el problema es que no se les da tratamiento y se emplean en la agricultura, lo que contamina frutas, verduras y sobre todo hortalizas, provocando en las personas parasitosis, males gastrointestinales, alergias y cánceres, en casos extremos”, alerta el doctor Rutilio Ortiz Salinas, quien en estudios de laboratorio realizados en la UAM ha detectado la presencia de hidrocarburos derivados del petróleo en nopales y manzanas comercializadas en el Distrito Federal.

Y es que en nuestro país sólo se da tratamiento al nueve por ciento de las aguas residuales.

Esta deficiencia repercute sobre todo en la salud poblacional, pero también en la pérdida de fuentes de trabajo, en especial para quienes viven del campo y del mar…

“Los pescadores están en extinción, su actividad murió porque en el río ya no hay peces, mientras que los campesinos producen muy poco, por la lluvia ácida”, dice Isaúl Rodríguez, habitante de una de las ciudades menos respirables a nivel nacional: Coatzacoalcos.

Algo similar ha ocurrido con los lugareños que habitan áreas cercanas al río Atoyac —perteneciente a la Cuenca del Balsas, de las más contaminadas del país según Conagua—, que abarca municipios de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

“Riegan sus cultivos con esa agua sucia, y se les ha cerrado ya el mercado: o les pagan muy barato sus productos o ya no se los compran, por desgracia se trata de la gente más pobre”, narra Alejandra Méndez Serrano, del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, que ha asumido la defensa ambiental.

Los problemas para esta región comenzaron desde la instalación del complejo petroquímico Independencia y la posterior apertura de un corredor industrial en la franja poblana, cuyos desechos son descargados en la parte del río de Tlaxcala. Aunque se contrató a una empresa estadunidense para hacer un muestreo de sustancias dañinas en el agua, los gobiernos locales se han negado a detallar los resultados, lo que ha motivado amparos y recursos ante el IFAI.

Por su cuenta, el Fray Julián Garcés convino con especialistas de la UNAM y la UAM un análisis del “caldo” formado por las descargas petroquímicas, industriales y municipales, y las conclusiones arrojaron que el nivel de polución supera en un 500 por ciento los límites máximos permisibles, además de que se detectaron compuestos orgánicos volátiles que ni siquiera están contemplados en las normas vigentes y los cuales han propiciado malestares hepáticos y renales entre la población.

“Lo que siguió fue un monitoreo de sangre entre los pobladores con ayuda del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el cual arrojó que el 71 por ciento de los analizados, sin importar si son trabajadores de Pemex, campesinos, industriales o amas de casa tienen en promedio cinco veces más daños en sus genes que los de un grupo control de la ciudad de México”, refiere Alejandra.

Hasta ahora, el Centro tiene contabilizadas 60 muertes por causas relacionadas con la situación…

En otro tramo del río, el del estado de Veracruz, persisten los rasgos de alarma. Zoila Aparicio, habitante del municipio de Cuitláhuac, describe: “Acá el conflicto se agrava por las actividades contaminantes de granjas avícolas y porcinas, alcoholeras e ingenios… Ya quema la espuma del río, la gente tiene ronchas, es como si se descarapelara la piel y muchos niños sufren enfermedades renales”.

La historia vinculada al Atoyac es sólo una entre muchas. Según los investigadores universitarios, el 70 por ciento de los ríos del país están contaminados.

De acuerdo con el académico de la UNAM, Octavio Rosas Landa, las autoridades se niegan a reconocer la asociación entre destrucción ambiental y degradación de la salud ciudadana, “y manejan la información epidemiológica como si fuera secreto de estado”.

Desde hace casi 13 años, la Secretaría de Salud ha omitido realizar un diagnóstico nacional de salud ambiental. En aquel documento del 2002 se determinaba “que el 35\% de la carga total de enfermedad tiene su origen en factores ambientales”.

SIN ESCRITORIOS. Para la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, Lourdes López, no es válido que el trabajo de las instancias encargadas de vigilar los recursos naturales del país —Semarnat, Profepa, Conagua, Conam y otras— sea sólo de escritorio. Se requiere, dice, presencia directa y mayor cobertura, además de una mejor coordinación con otras instituciones —tanto hacendarias como vinculadas a temas de salud, educación, etc.—, más presupuesto e iniciativas que fortalezcan sus capacidades jurídicas y sancionatorias. Hoy se carece de un procedimiento de castigo eficaz para quienes son responsables de sobreexplotar y destruir ecosistemas.

“Los dos principales retos en el ámbito legislativo son aprobar una ley de responsabilidad ambiental para que, quien contamine, también pague y esté obligado a invertir en la reparación del daño, ya no bastan las multas; y el otro asunto es la armonización de leyes en la materia, porque ahora cada cual dice cosas diferentes sobre un mismo caso”.

Don Rubén Mayén, poblador del municipio mexiquense de Jilotzingo, quien en el pasado defendió a su comunidad contra la instauración de un tiradero privado de residuos biológico-infecciosos que contaminaría el río San Luis, asegura que no todo es responsabilidad de las autoridades, “pues los ciudadanos debemos también ponernos las pilas y desterrar la inconsciencia que ha puesto en peligro nuestro entorno”.

Hoy su lucha y la de otros comuneros sigue, porque los niveles de contaminación del San Luis se han desbordado, “pero lo más triste es que la culpable es la propia población, con su descontrol de desechos y fosas sépticas. Hemos detectado más de 100 descargas de aguas negras en un municipio de 20 mil habitantes”.

Dice que la batalla continuará, pese a las amenazas y registros atroces: en los últimos cuatro años, han sido asesinados al menos 12 defensores ambientales…