Best practices in regulating State-owned and municipal water utilities
12 agosto 2013
Sanford V. Berg
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
United Nations,
May 2013
La lección fundamental de este estudio de la regulación de prestadores estatales y municipales de los servicios de agua potable y saneamiento en países en vías de desarrollo, es que para que la regulación del sector tenga un impacto positivo en el desempeño, la misma debe estar enmarcada por un entorno institucional adecuado y consistente. La regulación sectorial por sí misma no garantiza mejoras en el desempeño del sector. Estudios de casos y análisis empíricos sugieren que sin cambios significativos en las instituciones de apoyo, las herramientas tradicionales de regulación no serán del todo efectivas. Dicha situación es preocupante, especialmente para los países en vías de desarrollo, ya que significa que la creación de agencias de regulación puede crear falsas expectativas, pero que es poco probable que su funcionamiento ayude a mejorar el desempeño sin la adopción de iniciativas adicionales que son políticamente difíciles. Se ha dicho que “para que la regulación sea efectiva, se debe tener empresas prestadoras que puedan, en los hechos, ser reguladas”. El problema se resume en poder contar con un conjunto más amplío de instituciones para apoyar la implementación de acciones regulatorias y gerenciales que promuevan el buen desempeño del sector. Esto significa lograr crear tanto las estructuras de gobernabilidad adecuadas (las reglas del juego), como las acciones sustantivas adecuadas (el proceso del juego). Aunado a esto, el sector se caracteriza por ser políticamente sensible y con tendencia a generar conflictos. En este sentido, resulta indispensable que el regulador tenga la capacidad de desarrollar herramientas para la resolución de conflictos. Así, la importancia de contar con un entorno institucional adecuado, pone de manifiesto la necesidad de implementar una serie de reformas de gobernabilidad que puedan ir más allá de la jurisdicción o del ámbito de acción del regulador. Sin embargo, el regulador autónomo puede (en muchos casos) impulsar reformas encaminadas a la reducción de costos, mejora en la calidad del servicio o expansión en la cobertura de redes. Por otro lado, cuando tanto la prestación como la supervisión forman parte de la misma organización (sea esta un ministerio o una municipalidad), la existencia de presión para mejorar el desempeño es poco probable debido a que dichas reformas representarían una admisión pública de que los procedimientos existentes han sido inadecuados (en el mejor de caso) o corruptos (en el peor caso). El presente estudio identifica mejores prácticas de gobernabilidad de regulación y de gobernabilidad corporativa de prestadores estatales y municipales. El sistema de regulación va mas allá de la agencia de regulación y del prestador, abarcando grupos de interés que pueden apoyar, bloquear o debilitar reformas que permitirían la mejora del desempeño del prestador. En particular, este estudio documenta cómo los intereses políticos pueden llegar a limitar la efectividad de las instituciones regulatorias. Mayor transparencia (por ejemplo, a través de evaluación del desempeño relativo y rendición de cuentas) y la participación ciudadana (a través de audiencias públicas, consultas públicas, talleres y juntas asesoras de consumidores), son dos formas a través de las cuales el regulador puede ejercer presión sobre aquellos que se benefician de arreglos institucionales disfuncionales. Sin un respaldo institucional amplio, incluso una agencia de regulación técnicamente competente puede encontrarse marginalizada por grupos políticos más fuertes. Si el regulador local es una comisión municipal, la falta de capacidades profesionales y favoritismos políticos normalmente exacerban el problema. Finalmente, un sistema regulatorio sano requiere coherencia, creatividad, comunicación en tiempo real, colaboración, deliberación y credibilidad.
Documento en idioma inglés.
