En 2013, en plena polémica sobre los riesgos del fracking, esa técnica que perfora kilómetros para extraer gas no convencional atrapado en el subsuelo, el Instituto Geológico y Minero de España elaboró un informe para el Ministerio de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y corrección que tendrían que adoptar las empresas que quisieran extraer gas en España mediante la fractura hidráulica. Su contenido alertaba de los peligros para el medio ambiente: contaminación de acuíferos, polución del aire, utilización de productos cancerígenos y riesgo de terremotos.
