Una vez más, ante los hechos que afectan el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida de siete municipios que reciben el agua envenenada, la empresa no sólo mintió en cuanto a las causas del problema sino que ha venido incumpliendo los compromisos de ayuda pronta y eficaz, como el de dotar de agua potable a la población que ve cómo la mancha anaranjada del ácido sulfúrico diluida en el río prosigue su carrera letal. A ese incidente, el sindicato lo ha definido como un homicidio industrial, una expresión terrible que viene a definir los extremos de un modo de ser de la minería bajo el imperio de la impunidad y la falta de controles con que ésta se conduce en una época de saqueo irresponsable de los recursos nacionales. Son cada vez más frecuentes las quejas hacia la extracción minera que no mira por la integridad de las regiones, asoladas por el apetito extractivo de los capitales nacionales y foráneos, legales e ilícitos, invertidos en dichos proyectos.

Mucho menos toman en cuenta los intereses de las comunidades que a cambio de minúsculas concesiones se ven despojadas de sus tierras y obligadas a abandonarlas en aras de una supuesta modernidad que no las salva de la pobreza pero sí las hunde un poco más en la marginalidad. La depredación adquiere proporciones inimaginables si pensamos sólo en la fuga de mineral extraído para comerciarse ilegalmente a través de puertos de altura como Lázaro Cárdenas y al mismo tiempo recordamos las condiciones miserables en las que sobreviven los poceros, sujetos al capricho de los grupos de poder, incluyendo a la delincuencia organizada, que es una suerte de mano invisible en esos mercados. Así, tanto en la industria formal como en los circuitos ilegales la minería crece sin que la supuesta regulación del Estado signifique mayor rigor en cuanto a la conservación del medio ambiente ni mejoría notoria para aquellos que extraen la riqueza con la cual se consolidan enormes ganancias para algunos de los propietarios mejor posicionados en el entramado político y económico, como es el caso del señor Larrea, al que el sindicato ha denunciado por ser la cabeza del Grupo Mexico, que es el que tiene la mayor propiedad de terreno nacional, y una amplia cartilla de irregularidades que se expresan en la intención de aniquilar toda resistencia sindical.