Derrame causa pérdidas por 2,000 mdp: Derechos Humanos
10 septiembre 2014
La semana pasada, la compañía informó que creó una reserva de 300 millones de pesos para asegurar la reparación de los daños ocasionados por el derrame, y las sanciones correspondientes administrativas.
La multa que podría afrontar por violar leyes ambientales sería de hasta 40 millones de pesos, de acuerdo con las autoridades, quienes señalan que lo más costoso sería la reparación de los daños, incluso, dijo el 26 de agosto la Semarnat, sería de hasta miles de millones de pesos.
El incidente causó daños a 22,000 pobladores, según la queja presentada por la CEDH, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la Procuraduría General de la República contra la empresa de Germán Larrea por el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto.
Este lunes se ratificó la denuncia ante la fiscalía federal por la omisión en que incurrió la empresa minera Buena Vista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, indicó el presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez, en conferencia de prensa.
“Hay elementos de prueba suficientes para acreditar la negligencia, eso fue la causa para que se diera el derrame. Grupo México tenía la obligación de vigilar la construcción de la represa, es el garante y directamente responsable de construcción”, señaló.
El ombudsman sonorense señaló que, apoyado en los alcaldes de los siete municipios perjudicados como son Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, se interpuso la demanda ante la PGR por delitos contra el ambiente.
El derrame de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas y peligrosas como son aluminio, cadmio, cromo, fierro y manganeso violentó los derechos humanos de los habitantes de la zona del río Sonora, y causó daños a los recursos naturales de flora, fauna, ecosistemas, suelo y subsuelo, explicó.
El próximo miércoles a las 17:00 horas se ha citado a una reunión con los alcaldes de los municipios ribereños del río Sonora y directivos del Grupo México, para establecer acuerdos con el fin de superar la emergencia que se vive en esa región.
La minera afronta también una demanda penal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual asegura que podría provocar sanciones de hasta nueve años de prisión y 3,000 días de salario mínimo contra quien resulte responsable.
08 de septiembre de 2014
Fuente: CNN Expansión
