"La Federación no tiene la capacidad para construir toda la infraestructura.

"El Gobierno por sí mismo no puede construir la infraestructura, tenemos un rezago de un billón 300 mil millones para poner la infraestructura hidráulica y dar un servicio con eficiencia al 100 por ciento en distritos de riego, agua potable y saneamiento", afirmó.

Athié Flores aseguró que la decisión de postergar la discusión de la Ley General de Aguas retrasa aún más el cumplimiento del derecho humano al vital líquido reconocido desde 2012 en la Constitución y el cual ha sido postergado por más de un año dentro del marco jurídico.

Dos días después de que la Junta de Coordinación Política frenara el proceso de aprobación de la legislación, el diputado acusó que la iniciativa ha sido satanizada por un grupo de la extrema izquierda que ha malinformado a la sociedad sobre su contenido y que busca que no se apruebe en la presente Legislatura.

Sin embargo, reconoció que dentro del dictamen de ley existen artículos que sí requieren ser modificados, entre ellos el relativo al derecho humano al agua cuya redacción actualmente fija su cumplimiento en 50 litros diarios.

"En lugar de 50 litros va a decir entre 50 y 100 litros diarios. Por lo menos 50 y máximo 100 litros que es el parámetro de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud".

Agregó que otro de los artículos que requiere un cambio es el 148, que plantea que los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos deben solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dicha disposición enfrentó la resistencia de un grupo de académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Efectivamente había una mala interpretación. Definitivamente ese artículo ya está transformado. Hay libertad de hacer toda la investigación y monitoreo, y cuando se trate de prospecciones se le tiene que informar nada más a la Conagua".

El funcionario aseguró que la iniciativa fortalece a los organismos de cuenca, los cuales están integrados en un 60 por ciento de participación ciudadana, y eleva las penas para quienes contaminen el agua.

Sería vergonzoso e irresponsable para la presente Legislatura que no se aprobara la Ley General de Aguas porque incumpliría con el mandato establecido en la Constitución, apuntó.

12 de marzo del 2015

Fuente: Reforma