¿Por qué no queremos esa Ley General de Aguas? (2)

17 marzo 2015

Sin duda es urgente legislar en materia de agua y saneamiento y la discusión y aprobación de esta Ley debería ser una oportunidad para revertir el modelo de gestión del agua, a todas luces caduco y perjudicial, que se ha llevado en el país por años. Se requiere una gestión diferente que permita la participación significativa de la ciudadanía, promueva la sustentabilidad y garantice el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, esta Ley propuesta no persigue estos objetivos, en realidad justifica una agenda que busca beneficiar a empresas constructoras de infraestructura hidráulica para facilitar sus inversiones en el sector.

La Ley dictaminada está plagada de serias deficiencias. Por ejemplo, resulta evidente, en el artículo 10 que contiene las definiciones, que quienes redactaron la Ley decidieron ignorar el contenido de la Observación General No. 15 de las Naciones Unidas la cual es el estándar internacional que detalla el derecho humano al agua. La Ley tiene errores desde limitar el derecho a los asentamientos humanos legalmente constituidos, pasando por definir equivocadamente la asequibilidad (en términos simples que el costo económico no limite el acceso de nadie) hasta confundir la definición de derecho al saneamiento con la definición de calidad del agua. Estos errores no son por falta de conocimiento, denotan dolo para evitar imponer a las instituciones el marco necesario que obligue al cumplimiento del derecho humano al agua.

Por otro lado, resulta revelador ver que opiniones de lo más diversas destacan el garrafal error que representa dar el carácter de utilidad pública a los trasvases (desde una perspectiva económica hasta una perspectiva de derechos humanos). No es para menos. Un trasvase definido en la Ley como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural es difícil de justificar actualmente pues la experiencia nacional e internacional ha mostrado que las consecuencias de estas infraestructuras son negativas para el ambiente y la sociedad. No obstante, nuestros políticos escogen ignorar estas voces para facilitar la construcción de trasvases a la federación y a concesionarias (como Higa y Abengoa) facilitando la posibilidad de expropiar las propiedades a la población con esta definición de utilidad pública.

Desde las organizaciones consideramos indispensable mantener la demanda que sea desechada la Ley General de Aguas dictaminada en comisiones y que sea retomada la iniciativa ciudadana que contiene importantes propuestas para cambiar el paradigma de manejo que ha dominado en el país a la fecha. Para sumarse a esta demanda, continuamos invitando a la ciudadanía a firmar una petición dirigida al Congreso con estos elementos, a difundir la información del tema y a movilizarse en defensa del agua. Precisamente con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo estaremos concentrándonos frente a oficinas de la Conagua en distintos puntos del país para reiterar la demanda de que el agua es un derecho humano y debe ser para todas y todos.

17 de marzo de 2015

Fuente: Blogs El Universal

Claudia Campero