Derogan Ley del Agua en Baja California

20 enero 2017

Aprobada en diciembre del año pasado, a propuesta del gobernador Francisco Vega, la norma –que implicaba la privatización del servicio y el aumento en las tarifas– hizo que más de 45 mil bajacalifornianos salieran a la calle y, desde el Centro Cívico de esta frontera, exigieran la renuncia del mandatario estatal.

Además de la abrogación de la ley, Vega de Lamadrid propuso este jueves otras cuatro iniciativas: la creación de la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, además de las reformas a artículos de la Ley de Ingresos y de la Ley de Hacienda. Todas fueron aprobadas en la sesión extraordinaria.

La Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos desató un largo debate en la Junta de Coordinación Política del Congreso local, porque la administración estatal se adjudicó la administración del servicio del agua potable, cuando se trata de una facultad del gobierno municipal.

La municipalización de este derecho plasmado en la Constitución de Baja California se encuentra en la mesa de debates, pero la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos se aprobó debido a la “emergencia política”, con el compromiso de la bancada panista y sus aliados de discutirla y “meterle mano” en los próximos días.

Un centenar de manifestantes ocuparon la sala de sesiones Benito Juárez para atestiguar la abrogación de la ley, y al concluir el acto parlamentario entonaron el himno nacional.

Aprobada la revocación, se abrieron las puertas del Poder Ejecutivo para que se proceda a la publicación del dictamen.
Los 13 diputados panistas y la única perredista argumentaron su voto a favor con base en el lema de campaña de Vega de Lamadrid: “La gente manda”.

En tanto, el bloque opositor integrado por PES, Morena y PBC, al que se sumó MC, subrayó que la abrogación se realizó a través del reclamo popular y no por decisión de la clase política. El PRI también votó a favor.

19 de Enero del 2017
Fuente: Proceso
Nota de: Antonio Heras