Hablar de escasez de agua en América Latina podría parecer incoherente, sobre todo si tomamos en cuenta que la región cuenta con una tercera parte del agua dulce del planeta y una dotación per cápita de 22.929 metros cúbicos por persona al año, casi un 300% por encima de la media global.
Pero lo cierto es que también en este rubro la región registra importantes desigualdades, aunque estas no son creadas directamente por el hombre, sino por la naturaleza. América Latina presenta una distribución geográfica del agua desigual, con zonas extraordinariamente ricas y otras más secas, y con el 80% de la lluvia concentrada en pocos meses del año. Estos hechos provocan escasez en algunos lugares y durante determinados periodos, y está limitando el desarrollo de la agricultura irrigada, la industria, la minería, la producción hidroeléctrica, e incluso ocasionando conflictos entre sectores debido a la competencia por el recurso.
A pesar de la abundancia, en América Latina existe una cultura de uso ineficiente del agua en casi todos los ámbitos en los que se utiliza. Afortunadamente, esta situación ha cambiado en los últimos años, ya que varios países han eliminando las trabas que impiden lograr la seguridad hídrica y han impulsado los incentivos de política pública necesarios para el fomento del uso eficiente del recurso.
La paradoja de contar con recursos hídricos envidiables y a la vez registrar limitaciones tiene un nombre propio: inseguridad económica del agua. Esta tiene que ver con el déficit de infraestructura, capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad de un país, que lleva a situaciones de escasez, más allá de la presencia del recurso.
En Perú, por ejemplo, el 70% de la población y el 90% de la producción económica se encuentran en la costa del Pacífico, donde apenas cuentan con un 1,8% de la disponibilidad hídrica total del país, lo que hace que su región más dinámica económicamente esté afectada seriamente por tensiones hídricas.
Evidentemente, hacer que el agua esté donde más se necesita tiene un costo. Se calcula que para cubrir la demanda de infraestructura hídrica en América Latina es necesario invertir el 0,3% del PIB hasta 2030, unos niveles de inversión que no se han cumplido hasta la fecha. Pero teniendo en cuenta que el costo de la mala calidad del agua representa entre el 1 y 2% del PIB, este esfuerzo tiene una relación coste-beneficio muy favorable.
Las ventajas de que los países dediquen un 0,3% a mejorar y crear infraestructuras hídricas se verían en todas las esferas productivas y sociales, ya que según estimaciones de CAF esto permitiría la universalización de los servicios de agua potable; alcanzar una cobertura de 94% en el saneamiento; garantizar que al menos el 60% de las aguas residuales sean tratadas adecuadamente, y que el 85% de las áreas urbanas tengan sistemas eficientes de drenaje.
Para disminuir la inseguridad económica del agua en nuestra región, garantizar un uso eficiente y un acceso universal al recurso hídrico, además de las inversiones en infraestructura es necesario incidir en los siguientes aspectos:
Fortalecer la gobernabilidad de las empresas de agua potable. Es necesario mejorar el marco de rendición de cuentas, vinculándolo a objetivos de eficiencia, y aumentar los incentivos de rendimiento. Al mismo tiempo deberán implementarse políticas de gestión de las demandas e incrementar las inversiones.
Aumentar la eficiencia en áreas irrigadas y en la agricultura de secano. Sistemas de irrigación en la costa pacífica del Perú, por ejemplo, han demostrado que la suma de unas condiciones macroeconómicas estables, una mayor transparencia en la distribución de los derechos del agua y la difusión de tecnologías (como la irrigación por goteo), permite contribuir con mayor impacto al aumento de la productividad del agua en la agricultura, y a la promoción de innovación y emprendimiento en el sector.
Disminuir los niveles de contaminación en las aguas superficiales e incrementar la protección de cuencas. En la región, apenas el 20% de las aguas residuales reciben tratamiento efectivo y el grado de contaminación de muchos ríos urbanos tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la degradación de la tierra. A pesar de las múltiples iniciativas y las grandes inversiones realizadas para disminuir la contaminación, hasta ahora los resultados han sido insuficientes. Para una remoción más efectiva de contaminantes es necesario desarrollar una estrategia explícita para la construcción de conexiones individuales e infraestructura general que se adapte a la alta densidad y a los patrones irregulares de la urbanización.
Consolidar una gestión sostenible de las aguas subterráneas. Los problemas de sobreexplotación y contaminación de aguas subterráneas que están sufriendo países como México, Brasil, Paraguay, Argentina o Perú, reivindican la imperante necesidad de profundizar los esfuerzos realizados en la captación y análisis de información, el desarrollo de herramientas de planificación y modelización, y programas orientados a reducir la sobre distribución de los derechos del agua.
En conclusión, a pesar de la abundancia, en América Latina existe una cultura de uso ineficiente del agua en casi todos los ámbitos en los que se utiliza. Afortunadamente, esta situación ha cambiado en los últimos años, ya que varios países han eliminando las trabas que impiden lograr la seguridad hídrica y han impulsado los incentivos de política pública necesarios para el fomento del uso eficiente del recurso.
