• Home
• Nacionales
• Agua y TLCAN, entre los desafíos ciudadanos

Agua y TLCAN, entre los desafíos ciudadanos

19 agosto 2017

19 de agosto de 2017
Fuente: El Siglo de Torreón
Nota de: Julio César Ramírez

En México, la actual Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en 1992, en el contexto de la gestación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor el primero de enero de 1994. Formó parte de las primeras reformas sobre las que se levantó el andamiaje jurídico del modelo económico de hoy.

La Ley de Aguas Nacionales -que le da origen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- se centra en el sistema de concesiones. No fue creada para el manejo equilibrado de las cuencas hídricas dentro de los límites de la naturaleza. Esto ha generado sobreexplotación de los acuíferos con graves consecuencias; entre ellas, que hoy el país enfrenta un problema de toxicidad por aguas milenarias, fósiles, casi imposibles de potabilizar.

Veintitrés años después, lejos de resolver la grave problemática del agua, el país llega a una situación extrema, de disyuntiva: cambiar el rumbo en todo o perderlo.

Los grandes capitales tienen necesidad de seguir acumulando ganancias y para ellos una excelente inversión es el agua. Mas los impactos sobre los ecosistemas son mayúsculos.

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, fue confeccionada en función del TLCAN, al igual que la Ley Minera, para otorgar las concesiones necesarias que requería el acuerdo comercial. Fue el primer paso privatizador.

El TLCAN explícitamente señala que “las aguas, incluidas las aguas naturales artificiales y las aguas gasificadas”, son bienes comerciables. Y, por supuesto, como señaló Mickey Kantor, representante comercial de Estados Unidos en 1993, “cuando el agua se comercia como mercancía, tienen aplicación todas las disposiciones del acuerdo referentes al comercio de mercancías”.

Como ejemplo, dice el artículo 6° de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiera esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.”

Grandes volúmenes de agua utiliza la actividad minera. Tan sólo en 2014, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos, suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo período, según investigación de la Heinrich Böll Stiftung y Cartocrítica.

La investigación encontró 417 empresas mineras dentro del REPDA -Registro Público de Derechos de Agua, base de datos de la Conagua-, que se lograron agrupar en 230 grupos empresariales mineros. Un total de 1,036 títulos de aprovechamiento de agua, amparando un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales de agua concesionados a empresas mineras al amparo de la actual Ley de Aguas Nacionales y del TLCAN.

En México, la minería es una industria floreciente, tan sólo superada por la petrolera, explica el investigador y abogado Francisco López Bárcenas. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera. El primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

Así, la globalización socava la democracia hídrica debido a la conversión del agua en mercancía, a la sobreexplotación de las reservas subterráneas, al acaparamiento, a la reconducción y la desviación de los ríos y a la privatización del abastecimiento público, al abrigo de reformas estructurales y acuerdos de integración que van mucho más allá del libre comercio.

El agua debe ser, sin duda, prioridad en la agenda ciudadana, porque es la matriz de nuestra cultura, sostén de la vida.