La falta de planificación integral y dinero mal utilizado se combinan para generar un escenario desolador en muchos distritos bonaerenses.

Las obras principales que se tenían que haber encarado son las vinculadas con la cuenca del río Salado, que abarca unos 55 distritos y en extensión ocupa casi la mitad de la Provincia.

El ingeniero Pablo Luchesi, exsecretario general de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Ingeniería Sanitaria y titular del Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica, afirmó a Hoy: “La situación, en la Provincia, podría ser peor en el corto plazo, como consecuencia de las lluvias que suele haber en primavera. Esperemos que no se tenga que llegar al extremo de tener que dinamitar rutas para que se pueda escurrir el agua”.

“Hay dos cuestiones que se debería haber tenido en cuenta, desde hace años, y no se hicieron: el manejo de los recursos hídricos, haciendo reservorios de agua dulce a los que se deriven las aguas de las inundaciones, lo que serviría para abastecer a amplias zonas de la Provincia que suelen estar afectadas por sequías que les siguen a los períodos de inundaciones; y las obras en materia de infraestructura hidráulica para tener una mejor derivación del agua y canales de descarga”, señaló Luchesi.

Cada vez más frecuentes

“Nosotros tenemos que tener en cuenta que el fenómeno de las inundaciones, seguido por dos años de sequía, siempre existió. Lo que cambió es la recurrencia: antes sucedía cada 15 años, ahora sucede cada 8. Evidentemente hay un problema político: porque las obras hidráulicas sólo se pueden hacer en épocas de sequía. Y hacer este tipo de obras, en ese tiempo, no les interesa a los gobiernos porque no genera votos”, aseguró Luchesi.

“La última obra hidráulica importante en la Provincia es de principios de la década del ’90. Luego, prácticamente sólo se contrataron consultoras para hacer estudios, y no se concretó casi nada”, remarcó el ingeniero.

En ese sentido, sectores de la oposición señalaron que el plan de obras para la cuenca del río Salado cuenta con los recursos para su ejecución en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 con la aplicación de un gravamen a las naftas y al GNC y que, a la fecha, registra ingresos por más de 5.381 millones de pesos y una colocación de valores por 1.835 millones de pesos.

“El Plan Maestro del Salado se podría haber realizado con una inversión de 1.200 millones de dólares, y a lo sumo se han invertido 150 millones. La responsabilidad es de los gobiernos provinciales, pero también del Gobierno nacional, que no hizo los aportes correspondientes”, concluyó Luchesi.

La importancia del agua dulce

Lo perjudicial de las obras no realizadas en los últimos años no sólo está relacionado con las inundaciones, sino que también se produce un desperdicio de recursos estratégicos fundamentales.

El ingeniero Pablo Luchesi destacó que “es una locura que, en un mundo que tiene al agua dulce como recurso estratégico, se sigan volcando miles y miles de litros de agua dulce que se mezclan con agua salada. Ya Florentino Ameghino (naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo, fallecido en 1911) había previsto un plan que contemplaba ir confirmando reservorios de agua dulce, derivando las aguas que bajan con las inundaciones”.

En ese sentido, expertos advirtieron a este diario que las obras que ahora están anunciando los gobiernos nacional y provincial servirán en todo caso para los futuros episodios de inundaciones que ocurran “dentro de dos años”, por lo que llegan tarde para la situación ocurrida ahora.

Las tierras podrían tardar dos años en recuperarse

“Los territorios productivos dañados por las inundaciones van a tardar entre dos y tres años en recuperarse, porque crece la salinidad del suelo con los anegamientos”, señaló el ingeniero Luchesi.

Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), destacó a Hoy: “Se estima en 400 o 500 mil hectáreas lo que podría estar afectado de lo que podría haberse sembrado de trigo y cebada, que son las cosechas de tipo fina, la primera cosecha que se hace, cuyo levantamiento debería haberse dado en noviembre y diciembre. Estas en principio estarían todas perdidas”.

“Después, el anegamiento no va a permitir la siembra de la cosecha gruesa en muchos lugares. Esa tierra estaba siendo elaborada y preparada para poder sembrar soja, maíz o girasol. En gran parte de lo que está más afectado va a ser imposible la siembra de cosecha gruesa”, remarcó.

“Si el anegamiento se da durante bastante tiempo, se produce la salinización de la tierra, cuando la sal emerge. Si caen 50 o 100 milímetros la semana que viene, esto se agudiza de manera tremenda. Estamos ante un cuadro de situación en el que cualquier lluvia, por no muy alta que sea, complicaría mucho más la situación. No sólo con la cosecha, sino también con los animales”, relató Salaverri.

Productores rurales reclaman la firma de los decretos de emergencia

Desde las entidades rurales están reclamando que la Gobernación provincial firme los decretos que convalidan las declaraciones de emergencia que ya otorgó la comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires, que permite que los productores afectados puedan tener las correspondientes exenciones impositivas o la renovación o entrega de créditos.

“El reclamo va a pasar por que el gobernador firme los decretos de emergencia que han sido pedidos desde hace tiempo, porque esto no es novedoso, hay decretos de emergencia de hace más de tres meses, por ejemplo en la zona de Pehuajó y Carlos Casares, que nunca habían sido firmados”, relató Horacio Salaverri, presidente de Carbap.

En el caso de Pehuajó, la situación es delicada, dado que el 80% del territorio del distrito quedó afectado por la inundación. “Sobre las 10 millones 500 mil hectáreas que tienen actas firmadas por la comisión de Emergencia, no hay firma de ningún decreto del gobernador”, agregó el dirigente rural.

Salaverri explicó que se necesitan los decretos firmados para poner en marcha “el sistema administrativo y que quede activo para que se haga aplicable lo que marca la ley respecto de los casos de desastre”.

“Entre 3 millones 900 mil y 4 millones se estima que es la cantidad de tierras que tienen un grado de gravedad mayor que las demás”, aseguró el titular de Carbap, quien destacó que el martes se reúne la mesa de la entidad para analizar la situación de cada distrito.