Aguas turbias sobre El Zapotillo
11 junio 2013El 28 de enero el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que el futuro de la presa El Zapotillo y por lo mismo el de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dependían del entonces gobernador electo del estado, porque el gobierno federal actuaba en coadyuvancia de él para atender las necesidades de agua en los estados de Jalisco y Guanajuato; al día siguiente el gobernador electo refrendó una promesa hecha durante su campaña de no inundar Temacapulín.
Para marzo, cuando la actual nueva administración estatal entró en funciones, la posición del gobernador ya era otra: de la oposición a que se inundaran los pueblos pasó a acatar lo que el gobierno federal decidiera. Un gobierno le dejaba a otro la decisión mientras entre los afectados cundía la incertidumbre. El pasado mayo la Conagua reiteró la decisión de esa dependencia para concluir la presa con la cortina de 105 metros en junio del año próximo, es decir, inundando los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Como esta afirmación generó inconformidad de los afectados, el director general de la dependencia trató de calmarlos, afirmando que la última palabra la tendrá un comité de operación de obras técnicas, que los propios gobiernos integrarán. El hecho de que ni un gobierno ni otro se haga responsable de la decisión que se tome da la impresión de que ya la tomaron y sólo buscan dar largas al asunto para aminorar los costos de la protesta social por ella.
Como parte de esa estrategia, funcionarios del gobierno estatal han estado visitando el poblado de Temacapulín y realizando mesas de diálogo con sus habitantes, sin avances sustanciales para la solución del problema. Como parte de ellas el gobierno del Estado ha anunciado que aceptará la recomendación 35 que desde 2009 le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado, que el anterior gobierno rechazó, de acuerdo con la cual, en el proceso de construcción de la presa El Zapotillo, el gobierno del estado de Jalisco violó a sus habitantes los derechos de legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda, conservación del medio ambiente, patrimonio común de la humanidad, desarrollo y a la salud, recomendándole una serie de medidas para su reparación. Sólo que en la carta de aceptación que el gobernador y secretario de Gobierno envían al presidente de dicho organismo humanitario aceptando tal recomendación la condicionan de tal manera que le suprimen prácticamente todos los derechos a reparar para llevar las acciones de gobierno que por ley deben realizar.
