Bolivia: en defensa de la lucha por el agua en El Alto
05 noviembre 2007Luego de una larga e infructuosa espera para que el gobierno cumpla la promesa de la culminación del contrato con Aguas del Illimani (AISA), la FEJUVE El Alto se halla nuevamente movilizada, pues el gobierno ha dado marcha atrás en los acuerdos originales. No es casual que se haya nombrado un vice-ministro de Servicios Básicos vinculado a la empresa DUCTEC, que como se sabe el 2001 intentó exportar aguas del sudeste potosino hacia el norte chileno, y de un superintendente de saneamiento básico, militante del MNR, relacionado la concesión a AISA durante la gestión municipal de la tristemente célebre Gaby Candia, quien días antes de su posesión declaraba que la ruptura del contrato era un error y consideraba poco aconsejable la participación de FEJUVE en el directorio de la nueva empresa. En suma, dos personajes absolutamente vinculados con una orientación mercantilista del agua, con los cuales difícilmente se podrá avanzar en una ruptura del contrato que favorezca a los intereses ciudadanos.
Los últimos días, el gobierno, los poderes mediáticos y ciertos intelectuales orgánicos del neoliberalismo, han buscado deslegitimar la huelga de hambre de sus dirigentes y el paro indefinido alteño mediante una serie de (pre)juicios, que vale la pena analizarlos.
Se dice que la salida de AISA alejará la inversión del país, pero no se dice que AISA, de los más de 60 millones de $US que dice haber invertido, solo 3 a 5 millones es de inversión directa, con capital propio, el resto vino de créditos concesionales, con intereses bajísimos, canalizados por el gobierno. El Banco Mundial, a través de su grupo financiero IFC, es socio de AISA, y aportó con 15 millones de $US. En suma, AISA, como toda empresa multinacional busca invertir lo menos posible y obtener las mayores ganancias en el corto plazo (su tasa de ganancia es del 13\%). Esa inversión privada que considera a nuestros países como “cotos de caza”, a los bolivianos no nos interesa.
Otro argumento es que una salida no negociada obligará al país a pagar a AISA una abultada indemnización, pues perderemos el juicio como en Cochabamba. Otra falacia: el tribunal del Banco Mundial (ICSID) aún no ha decidido si es de su competencia tratar el caso cochabambino, además que solo uno de los socios desea compensación, pues Bechtel esta dispuesto a un arreglo favorable a los bolivianos (después de su nefasta intervención comercial en Irak, no desean más mala prensa). Segundo, con o sin salida “amistosa” AISA iniciará el juicio (se sabe que ya ha registrado el caso ante el ICSID), por tanto será la capacidad del gobierno boliviano para defender su soberanía y del movimiento social del agua de generar solidaridad internacional, lo que nos permitirá evitar pagar la indemnización. En el contexto del capitalismo global, que protege los intereses de las multinacionales, tenemos todas las de perder, por tanto la resistencia alteña es la lucha por la dignidad del país, en una época donde los grupos económicos dominantes y sus gobernantes se han “bajado las ligas” ante el Imperio.
Por otro lado, se afirma que la nueva empresa de agua no puede tener un directorio con mayoría de representantes vecinales, por la burocracia que supondría y la escasa formación técnica de estos. Asimismo, se dice que el modelo adecuado es la empresa mixta bajo la modalidad de Sociedad Anónima Mixta (EPSA-SAM), originalmente promovida por la GTZ y hoy impulsada por el alcalde de El Alto. La propuesta alteña, está orientada a constituir una ingeniería institucional basada en una visión autogestionaria y de bien común, con alto control social, transparente y eficiente. Esta apuesta imaginativa, no ha sido entendida por los alcaldes, menos por la máquina gubernamental, pues su horizonte no va más allá de la lógica maniquea público – privado. La gestión de la empresa debe quedar sujeta al control de los usuarios, pues ellos son las víctimas o beneficiarios de la calidad del servicio. El modelo EPSA SAM es una forma travestida de mercantilización, donde el control nuevamente quedará en manos del sector privado y los gobiernos municipales (incluyendo sus dispositivos clientelistas).
La experiencia de Cochabamba también es utilizada para estigmatizar la demanda alteña por constituir otro modelo de empresa de agua. Se afirma que la expulsión de Aguas del Tunari (AT) no ha mejorado el servicio ni ampliado la cobertura, pero se oculta el hecho que la cooperación internacional, el gobierno y la superintendencia han saboteado y estrangulado a SEMAPA, obligándola a asumir deudas pasadas (cuando se las había perdonado a AT), forzándola a acogerse a la modalidad de concesión, como condición para el acceso a créditos, cuando la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (No 2066), modificada por la Guerra del Agua, permite otras modalidades menos mercantilistas. Construir una experiencia de gestión del agua que rompa los principios de privatización y comercialización del agua y sus servicios, es muy difícil en el contexto del neoliberalismo, y los alteños hoy tienen el mismo desafío.
La lucha alteña se inscribe en una red de resistencia nacional contra la mercantilización del agua: la aprobación de los reglamentos de la Ley 2066 y la Ley de Riego, la oposición al modelo EPSA-SAM, la anulación del modelo regulatorio basado en la superintendencia, la lucha contra la exportación de aguas, son algunos de los temas de esta agenda, y así se explica la presencia de organizaciones vecinales y regantes en las movilizaciones y huelgas de hambre. Por otro lado, la lucha por el agua es parte de la resistencia contra la privatización y comercialización de los recursos naturales, particularmente por la recuperación de los hidrocarburos.
Uno de los escenarios definitivos para articular estos movimientos indudablemente es la Asamblea Constituyente, donde los bolivianos potencialmente podríamos discutir autónomamente como gestionar el agua, los hidrocarburos y en general nuestros recursos naturales y sus servicios.
Carlos Crespo Flores
Sociólogo. Miembro del GAMS-NOMADE
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