Coatzacoalcos, al borde de una catástrofe ambiental por la desenfrenada actividad petroquímica; vivir aquí “es tener la muerte segura”

24 enero 2013

Contaminación. Los complejos petroquímicos en Coatzacoalcos han transformado el medio ambiente de la región.

Durante años su grupo ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua realizar estudios del impacto de la contaminación en el agua de la región; la petición se ha extendido a la Secretaría del Medido Ambiente y en específico a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para conocer qué ocurre también con el aire y el suelo del puerto, donde se han extendido los complejos petroquímicos de Cangrejitos, Pajarera y Morelos, así como la refinería Lázaro Cárdenas. Y la respuesta, en cualquiera de las instancias, siempre ha sido la misma: indiferencia, silencio. Y en el mejor de los casos, una frase: “No se preocupen, todo está bien…”.

“Por eso nos ha tocado unirnos con universidades y otras organizaciones para monitorear nuestros recursos —cuenta don Isaúl—. En el aire, por ejemplo, hemos encontrado tolueno, benceno y otros contaminantes cancerígenos, nosotros le llamamos sopa de mariscos”.

Esas “sopas”, asegura, se han traducido en problemas renales, de asma y de cáncer —en especial en el estómago y en la piel— para los ciudadanos.

Coatzacoalcos es uno de los 250 casos de destrucción ambiental en nuestro país documentados en un estudio realizado por investigadores de la UNAM y científicos comprometidos con el tema.

Los datos —compartidos a Crónica en el contexto inmediato del Día Mundial de la Educación Ambiental— refieren ríos y lagos contaminados, acuíferos sobreexplotados, confinamientos de residuos tóxicos o peligrosos, deforestación y tala clandestina.

Además, rellenos sanitarios sin normatividad, destrozo de sitios históricos, extracción irracional de recursos naturales y proyectos de infraestructura e inmobiliarios con afectaciones a la naturaleza.

Los expedientes involucran a todas las entidades: desde Quintana Roo, con megraproyectos de expansión turística o comercial, hasta Baja California, con una desordenada actividad minera. Fueron acreditados con visitas de campo, mediciones técnicas y testimonios de pobladores, quienes, como don Isaúl, han revelado diversos daños en sus poblaciones, tanto en la salud como en los ramos laboral y comercial.

Pero según los especialistas este número es apenas una muestra de los retratos de devastación en territorio nacional.

“En términos ambientales estamos al borde de una catástrofe —dice Octavio Rosas Landa, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM—, desencadenada por la aparición sin control de presas, gasolineras, unidades habitacionales, gasolineras, agroindustrias, petroquímicas y proyectos que terminan por contaminar”.

Afirma que este “mosaico oscuro” es propiciado tanto por inconsciencia industrial como por omisión o corrupción de autoridades, violación o manipulación de leyes, o por su aplicación discrecional, lo que sólo genera impunidad”.

Mientras que el doctor Rutilio Ortiz Salinas, investigador de la UAM y una de las voces con mayor autoridad en la materia, señala: “Las situaciones más críticas son la contaminación del agua y la disposición de residuos peligrosos, yo esperaría que el gobierno entrante se acerque más a las universidades y escuche ya las denuncias medioambientales ventiladas en foros nacionales e internacionales”.  

Sin embargo, hasta ahora parece que la problemática ambiental no es prioritaria para el nuevo gobierno: ni la Conagua ni la Semarnat —a diferencia de otros giros como el hambre y la educación— accedieron a detallar su estrategia y objetivos en el presente sexenio.

La visión en el ámbito legislativo no es distinta a la académica… “En afectación a los ecosistemas estamos en un punto en el que ya no hay marcha atrás, por eso urge que gobierno y ciudadanía nos asumamos como corresponsables de la situación y generemos soluciones”, dice la diputada Lourdes López, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara baja.

—¿Y cómo es que se ha llegado a este nivel? —Se le cuestiona.

—Hay quienes sólo han pensado en el negocio, en las ganancias o los beneficios personales o de grupo, y han olvidado la afectación a especies, medio ambiente o comunidades.

El desaire institucional de los últimos años ha propiciado la organización de afectados de diferentes partes de la República para defender sus entornos. Incluso, en 2008 se creó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que, sin ningún respaldo local —ni siquiera el de la CNDH, cuya Sexta Visitaduría, encargada de los asuntos ambientales, no termina por funcionar— y ante el cumplimiento de sentencias judiciales a su favor, se vio obligada a presentar una querella colectiva de carácter internacional ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuyo veredicto fue que nuestro país vive un colapso ambiental y la destrucción de su sistema hídrico, condenó al estado mexicano por violar la Constitución y los Tratados Internacionales y le pidió revisar su sistema de procuración de justicia ambiental y resolver vacíos en la normatividad vigente.

Ahí estaban, en la denuncia, vivos y muertos de Valle de Perote y Coatzacoalcos, en Puebla y Veracruz; de El Salto, Jalisco; de Villa Alta, Tlaxcala; de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; de la Cuenca de la Independencia, Guanajuato; de la Presa Endhó, Hidalgo; de Paso de la Reina, en Oaxaca; de Lerma, Texcoco y Temascalapa, en el Estado de México y de Cuernavaca, en Morelos —por su crisis de basura—, entre otras áreas, identificadas como de “alto impacto ambiental” en el ya citado estudio universitario.

Desde hace más de 20 años familias del municipio mexiquense de Temascalapa han requerido a las autoridades federales informar qué daños origina a la población el funcionamiento de un centro de almacenamiento de desechos radiactivos en la zona y qué relación tiene con los casos registrados de malformaciones en niños. Aunque un dictamen solicitado por el Instituto de Investigaciones Nucleares concluyó que el sitio incumple con las condiciones mínimas de seguridad y desde hace más de seis años venció el plazo dispuesto por la Cámara de Diputados para retirar dicho Centro, nada ha ocurrido.

Don Juan Antonio Medida Austria, residente, describe que han llegado a las súplicas “para que se ordenen estudios de agua, tierra y aire y se conozca exactamente de qué tamaño son los riesgos, pero nadie ha querido atender, es el desinterés de siempre…”.


24 de enero de 2013
Fuente: La Crónica de Hoy
Nota de Daniel Blancas Madrigal

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