El reto ético de la nueva cultura del agua

Uno de los retos clave del siglo XXI es, sin duda, el de la sostenibilidad en materia de gestión de aguas. Afrontar este desafío implica superar el paradigma de dominación de la naturaleza, asumiendo que no se trata tanto de dominar como de entender mejor el orden natural, de forma que podamos generar nuevos modelos de desarrollo que nos permitan mejorar las condiciones de vida presentes sin destruir el futuro de las generaciones venideras.

Siguiendo esta coherencia, la Directiva Marco de Aguas, el nuevo marco legal vigente en la Unión Europea (UE), desde el año 2000 promueve pasar de los tradicionales enfoques de gestión de recurso, que han venido considerando los ríos como puros canales de H2O, a nuevas estrategias de gestión ecosistémica. Al igual que entendemos que un bosque no puede ser gestionado como un simple almacén de madera, se trata de apreciar y gestionar los valores ambientales, sociales, emocionales y de identidad territorial que encierran nuestros ríos, lagos y humedales, como ecosistemas vivos, más allá del valor productivo de los recursos hídricos que nos suministran.

En España, la derogación por el actual Gobierno de los grandes trasvases del Ebro, promovidos por el anterior Gobierno, abre un giro similar al que se produjo en Estados Unidos a mediados de los ochenta. Este giro pone en cuestión las tradicionales estrategias de oferta, basadas en el desarrollo de grandes presas y trasvases, bajo masiva subvención pública, para pasar a priorizar modernas estrategias de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas acuáticos, en coherencia con la citada Directiva Marco de Aguas.

Con frecuencia se presenta la sostenibilidad como una restricción al desarrollo que dificulta la lucha contra el hambre y la pobreza. Este enfoque es erróneo. Una de las líneas clave a desarrollar en la batalla contra el hambre pasa justamente por preservar la biodiversidad y la salud de ríos, lagos y humedales. El desarrollo de grandes presas y trasvases, la desecación y destrucción de humedales y manglares, junto a la contaminación sistemática y masiva, a menudo en nombre del desarrollo económico, vienen degradando la productividad natural de los ecosistemas acuáticos. Ello ha provocado, de hecho, graves crisis en las pesquerías de las que depende la alimentación, y en especial la dieta proteica, de cientos de millones de personas, especialmente en comunidades pobres.

Por otra parte, más de 1.100 millones de personas no tienen acceso garantizado a aguas potables, y como consecuencia de ello 10,000 mueren cada día, en su mayoría niños. Sin embargo, el problema no suele estar en la falta física de agua; los pueblos se han instalado en las cercanías de ríos, lagos o zonas donde se puede acceder mediante pozos a aguas subterráneas. El problema está en la degradación y contaminación sistemática de esos ecosistemas, lo que comporta envenenar las aguas de las que dependen la vida y la salud de comunidades enteras.

Por todo ello, recuperar la sostenibilidad y la salud de ríos, lagos y humedales, más allá de constituir un reto ético de cara a las generaciones futuras, está vinculado a la necesidad urgente de garantizar el acceso al agua potable, como un derecho humano, así como a la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.

Abordar el reto de la sostenibilidad exige una nueva gobernabilidad participativa en materia de gestión de aguas. Desgraciadamente, la escasez progresiva de aguas de calidad y las crecientes dificultades para acceder a aguas potables por parte de las comunidades más pobres se están viendo agravadas por el modelo de globalización neoliberal vigente. Desde la coherencia de este modelo, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio vienen forzando políticas de privatización, tanto del agua como recurso, como especialmente de los servicios de agua y saneamiento en las grandes capitales de los países empobrecidos o en desarrollo.