Entra Corte a disputa por acueducto Independencia
18 septiembre 2012
Un ministro de la Corte admitió hoy a trámite la controversia constitucional promovida por el Municipio yaqui de San Ignacio Río Muerto para impugnar todos los actos del Ejecutivo federal que resultaron en la autorización para este proyecto que abastecerá de agua a Hermosillo, así como la licitación del Gobierno de Sonora para la construcción, que fue ganada por un consorcio de varias empresas.
Además de admitir la controversia y emplazar a juicio a las autoridades demandadas, el Ministro Jorge Pardo Rebolledo dio tres días a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que informen sobre el avance de las obras del acueducto, antes de resolver si concederá una suspensión para frenarlas, como pidió el Municipio.
La decisión sobre la suspensión será crucial, pues el proyecto reporta más de 85 por ciento de avance y está previsto que será inaugurado en noviembre, antes de que termine la Administración de Felipe Calderón.
La obra de 146 kilómetros permitirá el flujo de 2 mil 378 litros de agua por segundo de la Presa Plutarco Elías Calles hacia Hermosillo, lo que según los yaquis afectará a la agricultura.
El Ministro Pardo también requirió a los jueces Séptimo y Octavo de Distrito en Sonora para que informen si han desahogado juicios de amparo relacionados con este caso y si, en su momento, otorgaron suspensiones.
Cabe mencionar que el juzgado Octavo con sede en Ciudad Obregón concedió a finales de 2010 una suspensión provisional en el amparo promovido por una asociación de agricultores del Río Yaqui, para que el Gobierno estatal se abstuviera de continuar con las obras.
El mismo juzgado determinó que la suspensión fue violada por el órgano descentralizado Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, y su sentencia fue confirmada el 14 de julio de 2011 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pero los trabajos no se detuvieron pese a las amenazas del juez de usar la fuerza pública para frenarlos.
Adicionalmente, en mayo de 2012, otro juez federal concedió un amparo a integrantes de una localidad Yaqui para el efecto de que la Semarnat deje insubsistente la resolución favorable en materia de impacto ambiental que expidió en febrero de 2011 en relación con este proyecto, pues no se respetó el derecho de audiencia y consulta a las comunidades indígenas.
