La concesión más reciente que le entregó la actual administración, el 5 de septiembre de 2013, fue para uso público urbano, pese a que es obvio que se trata de una actividad industrial.
Además, ninguno de los 10 títulos expedidos en favor de la minera cuentan con un permiso de descarga, lo que implica que no podría verter ni un solo litro de aguas residuales, ni intermitente ni sistemáticamente, sean contaminantes o no, de acuerdo con un análisis de Miguel Ángel Montoya, asesor en gestión integral del agua del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.