Pide Cemda frenar acueducto en Sonora
25 septiembre 2015
La organización se congratuló por la liberación de los integrantes de la tribu yaqui Fernando Jiménez y Mario Luna, quienes se encontraban encarcelados desde septiembre de 2014 luego de ser acusados de privación ilegal de la libertad y robo por el Gobierno de Sonora, delitos que -aseguran- no cometieron.
En un comunicado, el Cemda reiteró el llamado a detener la operación del Acueducto al señalar que sigue funcionando fuera del marco legal, extrayendo agua del río Yaqui para llevarlo a la ciudad de Hermosillo.
"La liberación de Fernando Jiménez y Mario Luna, ocurridas el 27 de agosto y el 23 de septiembre respectivamente, confirma que no se encontraron elementos probatorios de los delitos que ambos líderes yaquis fueron acusados. El Cemda considera que no deben seguir anteponiéndose argumentos políticos e intereses económicos por encima de la ley y de la justicia.
"Reiteramos nuestro llamado a que se ponga fin a este conflicto, salvaguardando el agua del río Yaqui, recurso fundamental para la sobrevivencia de la tribu yaqui y garantizando con ello los derechos humanos de esta comunidad al acceso a agua y a un medio ambiente sano", indica el comunicado.
El Cemda recordó que desde el 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental que la Semarnat otorgó para la construcción y operación del Acueducto, así como reponer el procedimiento llevando a cabo un proceso de consulta, previo, libre e informado a la tribu yaqui, conforme señala la legislación vigente en México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su sentencia, la Corte determinó que de existir un daño irreparable a los derechos de la tribu, el Acueducto tendría que suspenderse.
Al respecto, el Cemda mencionó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) elaboró un peritaje el 17 de febrero de 2015, el cual confirmó que el Acueducto ocasiona efectos y daños irreparables a la población, en su vida social, económica, cultural y ambiental, por lo tanto debe ser cancelada de inmediato su operación.
Es muy grave que, como ocurrió durante la Administración de Guillermo Padrés, los casos de defensores ambientales se politicen y sean las propias autoridades del Gobierno estatal quienes los criminalicen por defender sus derechos humanos, añadió el Cemda en el comunicado.
24 de septiembre de 2015
Fuente: Terra