Tribu Yaqui opositora al proyecto de presa es perseguida, denuncian ONGs
20 junio 2014
El 11 de junio la Misión envió una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazando la orden de aprehensión contra Mario y mencionando que en el trasfondo de la sentencia puede estar la persecución de líderes opositores al megaproyecto a través del uso indebido del sistema de justicia penal. El Secretario de las autoridades tradicional del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui es acusado de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica.
Luna ha sido vocero de la Tribu Yaqui durante todo el proceso legal de defensa contra la construcción del Acueducto Independencia, que trasvasaría el agua del Río Yaqui –cuyo 50 por ciento les pertenece- al Río Sonora. Esta lucha ha dado como resultado la primera consulta a un pueblo indígena acerca de la construcción de un megaproyecto en sus territorios, hecho que impulsó la conformación de la Misión de Observación. El 8 de mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que se violó el derecho a la consulta de la Tribu, y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que invalidara la autorización del proyecto y consultara primero a la Tribu.
Las acusaciones contra Mario se originaron el 8 de junio de 2013 durante el bloqueo carretero de la Tribu contra el acueducto; una persona de la misma comunidad rompió las reglas al transitar en su vehículo. Basándose en los usos y costumbres, sus compañeros lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría y lo sancionaron. Sin embargo, el gobierno de Sonora dijo que Mario y Tomás Rojo, otro vocero, estaban implicados e investigados por el presunto secuestro de su compañero yaqui. La Misión recordó que el Artículo 2 constitucional dice que “como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas”, lo que las autoridades estatales están pasando por alto.
En la carta que enviaron al Secretario de Gobernación, las organizaciones de la Misión mencionan también que anteriormente “se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado para criminalizar a los líderes y a los defensores del territorio de los pueblos indígenas que se oponen a algún megaproyecto de desarrollo y ésta es práctica del Estado mexicano”.
Por ello, pidieron que el Estado proteja a los líderes y voceros de la Tribu Yaqui ante cualquier ataque, agresión, detención y encarcelamiento, y que las autoridades estatales rechacen cualquier acción penal contra Mario y no criminalicen al movimiento opositor.
20 de junio de 2014
Fuente: Periódico Digital
Nota de María Aranzazú Ayala
