El organismo solicitó que la Policía Federal abra una investigación para establecer la veracidad de las denuncias y que se envíe “con urgencia” un equipo profesional para que analice la condición sanitaria del agua, según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio Público Federal en el estado de Mato Grosso do Sul.

La supuesta contaminación de la fuente de agua fue denunciada el 14 de noviembre pasado por los miembros de la comunidad Ypo’i, que pertenecen a la etnia guaraní y ocupan una tierra en disputa en Paranhos, municipio de Mato Grosso do Sul fronterizo con Paraguay.

La investigación fue ordenada una semana después de que los líderes de la comunidad denunciaran ante la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) la aparición de una gran cantidad de espuma blanca cubriendo toda la superficie del riachuelo.

Los indios utilizaron un celular para tomar fotografías y grabar videos de la espuma blanca que durante dos días cubrió la superficie del arroyo y recogieron muestras del agua que enviaron a la Funai y a la Procuraduría.

Los líderes de la comunidad denunciaron igualmente haber visto dos grandes contenedores que al parecer fueron vaciados en el riachuelo.

“Esas imágenes y las denuncias de los líderes indígenas fueron enviados a la Policía Federal para que sirvan como base de la investigación. El objetivo es establecer si ocurrió o no la contaminación e identificar a los responsables”, según el comunicado del Ministerio Público.

De acuerdo con la nota, en caso de que la denuncia sea comprobada, los responsables podrán ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión por los delitos de envenenamiento y contaminación de agua potable.

Los indios, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales como Survival, publicaron uno de los videos en el portal YouTube para manifestar su “indignación con la acción cruel de los hacendados”, a los que no identifican.

La comunidad ocupa desde 2010 parte de una hacienda privada y piden que el terreno sea expropiado y convertido en reserva por considerarlo sagrado para sus ancestrales.

En abril pasado un tribunal suspendió una orden de desalojo solicitada por los propietarios de la hacienda y estableció un plazo de un año para que el Estado se pronuncie sobre la reivindicación de los indios.

Según el Consejo Indigenista Misionero, una comisión del episcopado de la Iglesia Católica, desde 2009 han sido asesinados tres indios de esta comunidad por defender su derecho a las tierras en disputa.

De acuerdo con un comunicado de Survival, la hacienda en cuestión pertenece al terrateniente brasileño Firmino Escobar, al que acusan de haber bloqueado hace dos años todas las entradas al territorio ocupado por los indios y cortado, de esa forma, el acceso a agua, comida o atención médica.

“Los guaraníes llevan demasiado tiempo soportando una campaña de terror sostenida y maliciosa para mantenerlos fuera de la tierra que legítimamente les pertenece. Los culpables de este último acto, cruel y perverso, tienen que ser llevados ante la justicia”, afirmó el director de Survival International, Stephen Corry, citado en el comunicado de la organización.

(Agencia EFE)

21 de noviembre de 2012

Fuente: lainformacion.com