En su fallo del 18 de enero, la Corte Suprema marca un precedente determinando que de la actual Constitución, la normativa vigente y los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia, emerge una conclusión irredargüible: “Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”. Leer más.