Los inconformes también se dirigieron a la Quinta Grijalva, donde se manifestaron para demandar que se abra una mesa de negociaciones con las autoridades federales para acordar el pago de indemnización por haber inundado cerca de cinco mil 500 hectáreas de cultivo y pastizales durante las tareas de desalojo de agua el año pasado.

El dirigente ecologista, Javier Torres Sánchez, dijo que interpusieron una demanda en la Profepa para que se dictamine la dimensión del daño ambiental, porque desde octubre de 2008, cuando fue puesto en funcionamiento el canal artificial, no se ha emitido ningún estudio en ese sentido.

Sostuvo que son tres mil los campesinos afectados en las comunidades de Barrancas y Guanal, Tintillo, Corcho y Chilapilla, Aztlan, La Piedad y Majagual, Palomillal, entre otras, los que hasta la fecha no han recibido ninguna indemnización por la inundación provocada por la Conagua.