Gobierno de Sonora arresta a líder opositor

12 septiembre 2014

Mario Luna Romero

En conferencia de prensa, Carlos Alberto Navarro Sugich, fiscal de la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE) confirmó que el líder tribal fue detenido la mañana de ayer en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

“Hemos ejecutado la orden de aprehensión librada por un juez penal en Hermosillo, en contra del señor Mario Luna, de 42 años de edad. Ésta fue dictada el 14 de junio del 2013 por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo de vehículo.

“De acuerdo con la denuncia recibida, el delito se llevó a cabo durante las acciones de bloqueo por el Acueducto Independencia, donde la víctima fue detenido, amarrado y encerrado por presuntos desacuerdos con otros miembros de la tribu”, afirmó el procurador de Justicia.

Escondido porque también pesa en su contra una orden de detención, Tomas Rojo Valencia, portavoz de los yaquis inconformes con el gobierno estatal, narró para Excélsior que el 8 de junio del 2013, Francisco Romo llegó al sitio del bloqueo en la carretera federal México 15, visiblemente alcoholizado, a bordo de una camioneta, con la que intentó cruzar a la fuerza, pero fue detenido por miembros de la tribu y remitido a la justicia tribal, razón por la cual presentó una denuncia penal en contra de él, Mario Luna y otras dos personas.

“Sabemos que hay un intento sofisticado para criminalizarnos, con diseño de pruebas y expedientes, por lo que tenemos que andar con sumo cuidado por el bien de nuestra lucha.

“Actualmente el gobernador de Sonora ha sido cuestionado en su actuar y él buscará cualesquier pretexto para tender una cortina de humo; nuestra situación legal ha sido llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le hizo conocimiento de ello a la responsable de medidas cautelares y a Emilio Álvarez Icaza, pero además Amnistía Internacional notificó a Guillermo Padrés para que no criminalice la lucha”, declaró Tomás Rojo.

El pasado lunes, periódicos locales reportaron el hallazgo de una osamenta, afirmando que podría tratarse de Francisco Romo; el fiscal Navarro Sugich confirmó que a finales de agosto se presentó una denuncia por su desaparición y que actualmente realizan pruebas de ADN para determinar si se trata de la misma persona.

En tanto, fuentes de la Secretaría de Gobernación presumen una fotografía donde aparece un hombre muerto con un mensaje que refiere la traición a su raza o “torocoyori”, vocablo de la lengua yaqui para denostar a quienes dan la espalda a su pueblo.

A pregunta expresa sobre los métodos de castigo utilizados por las etnias, el procurador de Justicia respondió: “No podemos acostumbrarnos en Sonora a que los usos y costumbres sean invocados como pretexto para cometer un delito”.

Grupo México es el responsable: experto

Ante el derrame de sulfato de cobre en el Río Bacanuchi, de Sonora, que afectó a la ecología y economía de la región, el ingeniero Juan Roberto Heguertty, exdirector de Aseguramiento de Calidad de Lear Siegler Corporation, consideró que la responsabilidad primaria en el asunto es de Grupo México.

De acuerdo con Heguertty Urrea, el señalamiento más severo es contra tres autoridades federales “por no prevenir y de esta forma evitar que el desastre ecológico se presentara, a pesar de los llamados de los ciudadanos vecinos y autoridades municipales de dicha región”.

Para el especialista, es imperativo que en cualquier empresa, y más si ésta se dedica a la producción de bienes y servicios, se conozca a plenitud la normatividad aplicable al cuidado del medio ambiente y, con mayor razón, cuando se manejan productos o residuos tóxicos.

“Si bien es injerencia directa del área de Ingeniería de Planta, con su debida extensión a Ingeniería de Materiales, el Departamento de Calidad debe tener una decisiva participación en el monitoreo, seguimiento e implementación de medidas correctivas encaminadas a cumplir a cabalidad con la normatividad señalada”, expuso.

El especialista expuso que durante varios años, el sector industrial manejó la estrategia del entonces llamado “control de calidad”, el cual consiste en que un numeroso equipo de expertos sancionara de forma exclusiva el cumplimiento de los parámetros de calidad involucrados.

Explicó que con el tiempo se llegó a determinar que dicho método le añade mucho costo al proceso, “así como un componente de evasión a la responsabilidad de producir con calidad, dando origen al concepto de aseguramiento de calidad”, el cual consiste en eliminar a todos los inspectores y, en su lugar, seleccionar, capacitar y concientizar plenamente a los encargados de la producción a fin de que ellos cumplan la tarea dual de producir y vigilar la calidad del producto.

En lo que atañe a la función de gobierno, asegura que no es práctico, costeable ni justo que la autoridad, por sí sola, cargue con la función de inspeccionar, supervisar, ordenar, verificar y auditar que la normatividad se cumpla. “Es el usuario el primer obligado, pero también es el primer beneficiado al tener la primera información que conduzca a emprender acciones que pueden evitar situaciones desastrosas como la que hoy nos ocupa”.

11 de septiembre de 2014
Fuente: Excélsior