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Hubo “criminalización de la protesta social” por la extracción de agua para Puebla: Red TDT

28 octubre 2008

Fuente: La Jornada de Oriente
28 de octubre de 2008
Por Martín Hernández y Javier Puga

La represión que el gobierno del estado ejerció contra integrantes del Movimiento por la Defensa del Agua, que aglutinó a vecinos de San Francisco Ocotlán, Xoxtla, Cuautlancingo y algunos municipios tlaxcaltecas, fue tipificado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), como un caso de “Criminalización de la Protesta Social”.

La Red TDT es una coordinación de organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos que, con autonomía, se suman para brindar un servicio más efectivo a la sociedad civil. Fue fundada en 1990, y a la fecha está integrada por 55 organizaciones civiles que trabajan en 20 estados y el Distrito Federal.

El red inició la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, y en ese marco, ayer presentó un informe en el que aparece la represión sufrida por campesinos de la zona conurbada a la Angelópolis, debido a su oposición a la extracción de agua como parte del Programa Municipal de Desarrollo de la capital estatal.

El caso está catalogado sólo como un conflicto del municipio de Cuautlancingo, y fue presentado ante la Red TDT por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

El total de casos revisados y sistematizados fueron 60, provenientes de 17 estados de la República. Los asuntos están distribuidos de la siguiente manera: 32 casos de “Proyectos Económicos” y 28 de “Criminalización de la Protesta Social”.

“No es nada halagador saber que (…) en 14 estados se haya presentado por lo menos un caso de criminalización de la protesta social. El ejercicio del poder por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal es aún de corte autoritario, no se consolida ni cultural ni institucionalmente el diálogo y la negociación como base de los mecanismos para resolver los conflictos que se dan entre los actores sociales y los gubernamentales. La ausencia de garantías institucionales (marcos legales, valores y prácticas democráticas, canales de solución de conflictos respetuosos de los derechos humanos) para la exigencia de los derechos son una clara muestra de que la transición democrática en México ha quedado encajonada en los procesos de competencia electoral”, argumenta la Red TDT.

“De los 41 casos que contienen información relativa a los recursos naturales, 32 reportaron al agua como recurso el principal o uno de los principales elementos que se encuentran en el centro del conflicto”, dice la Red. Entre esos casos, se encuentra el del Movimiento por la Defensa del Agua en Puebla.

La Red TDT advierte que “los procesos de mercantilización del agua y su importancia estratégica para la vida humana están detonando una serie de conflictos por la obtención y control de este recurso natural, lo cual se empieza a reflejar en México”. 

 

El conflicto

El movimiento por la defensa del agua inició en Ocotlán fue un ejemplo de resistencia civil pacífica que alcanzó niveles regionales y llegó a poner en jaque al gobierno estatal; además, frustró los planes del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) de perforar seis pozos profundos, presuntamente para poder llevar agua a las colonias pobres de la capital.

El 3 de enero de 2007, más de 400 habitantes de San Francisco Ocotlán se manifestaron frente a Casa Aguayo, pues se oponían a la perforación de seis pozos de agua, trabajos que habían iniciado un día antes.

Los vecinos argumentaban que una década atrás el gobierno estatal perforó cinco pozos con la promesa de que ellos serían los primeros beneficiados con la extracción del líquido, pero no cumplió. “Nosotros pagamos nuestra propia red de agua y ahora no tenemos ni gota, pagamos nuestras propias pipas”, señaló uno de los manifestantes.

El incumplimiento de un acuerdo y la inexperiencia de funcionarios de tercer nivel de la Secretaría de Gobernación del estado provocaron que el 3 de enero del año pasado la protesta pacífica realizada en la sede del Poder Ejecutivo local derivara en un enfrentamiento entre granaderos de la Policía Estatal y los quejosos. El resultado: más de 20 golpeados por agentes estatales y una decena más de vecinos agredidos con lacrimógeno. Aunque no se reportaron lesionados de gravedad, el ataque provocó que los manifestantes que minutos antes habían cerrado el acceso de la autopista México–Puebla hacia el Periférico Ecológico, en dirección a Cholula, decidieran replegarse a su comunidad.

Ese día, los moradores de Ocotlán se habían reunido en la plaza pública de esa localidad, ubicada a un costado de la planta armadora VW, para discutir las nuevas acciones a realizar ante la negativa del gobierno del estado de retirar la maquinaria que excavaría seis pozos de agua potable para surtir a la ciudad de Puebla y para el saneamiento de Valsequillo.

El director de Operación Hidráulica del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap), Tomás Hernández, señaló que Ocotlán contaba con agua potable suficiente, y que con la excavación de pozos no afectaría los mantos freáticos ni el abasto a los pobladores.

Incluso, dijo estar dispuesto a hacer un recorrido por el lugar acompañado de los medios de comunicación para que éstos verificaran que sus dichos eran ciertos, y sostuvo que la manifestación reprimida fue producto de “algún líder que pretende sacar provecho de la situación. A lo mejor sí son campesinos, pero no los de la región”.