Indígenas llaman a defender los recursos en encuentro nacional

16 julio 2015

Los indígenas exigieron al Estado salde la deuda histórica que tiene con los pueblos al reconocerlos como sujetos de derecho público y de políticas colectivas. Foto Víctor Camacho / Archivo

Carlos de Jesús Alejandro, diputado federal por Guerrero, comentó que en la discusión de la reforma energética se exigió que los pueblos indígenas donde se desarrollen los proyectos energéticos sean sujetos de la consulta libre, previa e informada. Se argumentó que por falta de recursos el Estado no podría llevarla a cabo por lo que transmitía la responsabilidad a las empresas, lo cual fue rechazado.

Ante ello, los pueblos continuarán las luchas que llevan a cabo en contra de hidroeléctricas, eólicas, presas. “Habrá una reorganización nacional de las comunidades indígenas”, dijo.

En la declaración del encuentro –que se llevó a cabo durante dos días en un hotel de la ciudad de México- los participantes acordaron impulsar la unidad, el diálogo, la concertación y la reconciliación para fortalecer su lucha por el proyecto de refundación de un Estado pluricultural y democrático. “La lucha autonómica de los pueblos, tribus y naciones indígenas del presente es la defensa de nuestro derecho a existir", asentaron.

Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu yaqui, refugiado en la ciudad de México por la orden de aprehensión que hay en su contra por estar en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia – que implica el trasvase de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora- sostuvo que ante la “actitud canibalesca” hacia los territorios indígenas poseedores del 60 por ciento de los recursos naturales hay que construir un proceso de unidad y organización. “Somos los únicos que podemos defender al país porque allí están las raíces de la nación”, expuso.

Los indígenas exigieron al Estado salde la deuda histórica que tiene con los pueblos al reconocerlos como sujetos de derecho público y de políticas colectivas, con identidad propia, capaces de gobernarse autónomamente y su libre determinación. Reconocer ello y traducirlo en leyes, instituciones y políticas públicas será la base de una “verdadera unidad nacional”.

En el documento de cinco cuartillas, expusieron que los Acuerdos de San Andrés –suscritos el 16 de febrero de 1996 por el EZLN y el Estado- son un patrimonio político de los pueblos y “una plataforma mínima de sus derechos”. El tema indígena debe volver a la plataforma del debate nacional pues no se han solucionado las demandas de armonización del marco jurídico nacional en materia indígena con su símil internacional; tampoco ha cumplido con el decreto presidencial del 22 de mayo que reconoce el derecho indígena de representación política en los órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante el sistema de elección propio de los pueblos indígenas, acotaron.

Exigieron la creación de la sexta circunscripción para garantizar los derechos electorales de los pueblos indígenas y pronunciaron en contra de los megaproyectos eólicos, energéticos, hidroeléctricos, y en particular contra la privatización del agua. Apoyaron la lucha de los yaquis en contra del Acueducto Independencia y su demanda de restitución de las 40 mil hectáreas que les fueron despojadas, así como la liberación de Mario Luna Romero y de Fernando Jiménez Gutiérrez y demandaron cese la represión contra todos los activistas.

Refrendaron su disposición a la unidad nacional con todas las organizaciones sociales y movimientos progresistas y populares.

Entre los participantes estuvieron: Gobierno Nacional de los Pueblos Indígenas; Red Cultural y Social, Radio Raíces; Panóptico Social; Movimiento Indígena Popular; Comité de Solidaridad Triqui; Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica; Nación Purépecha; Hambaj Kaan, entre otras.

16 de julio de 2015
Fuente: La Jornada
Nota de Matilde Pérez U.