Las Cruces: pisoteando a las culturas indígenas

29 mayo 2015

Cada 24 de junio, indígenas Cora (Náyeri) celebran el Día de San Juan. Lo hacen a orillas del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, el único libre de represas en la Sierra Madre Occidental. Se trata también de un festejo de la vida, física y espiritual, asociada al caudal.

¿Podrá esta expresión cultural milenaria seguir existiendo?

No. No, mientras continúe la amenaza latente de la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro. Uno de los tantos impactos será en los sitios sagrados (algunos quedarán bajo el agua) de las comunidades indígenas de la zona y obligará a que los habitantes de algunas de ellas dejen sus hogares.

El 18 de septiembre de 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó la construcción del proyecto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pocos días antes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la supresión de las vedas que mantenían al Río San Pedro Mezquital protegido de concesiones para explotar sus recursos hídricos desde 1948.

La SEMARNAT fue contra corriente. No tomó en cuenta que los miembros de los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica —no sólo los Cora, también los Huichol, Tepehuano y Mexicanero— nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informados sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El propio documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas debido a la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la CFE habría hecho. En el permiso y también en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, no figura un plan de desalojo.

Según los estándares internacionales, consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas no consiste sólo en comunicarles el proyecto como hizo la CFE. Consiste además en:

La participación de los pueblos afectados en proceso de diálogo y negociación de buena fe desde la planificación del proyecto y conforme a sus costumbres y tradiciones.
Procedimientos culturalmente adecuados y acordes a los métodos tradicionales para la toma de decisiones.
Información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto antes y durante la consulta.

La CFE no incorporó ninguno de los elementos mencionados arriba.

En marzo de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) alertó a Relatores Especiales de Naciones Unidas acerca de las violaciones de derechos humanos relacionadas con el proyecto Las Cruces. En noviembre de ese año, solicitó a los Relatores investigar la ilegalidad de la autorización al proyecto, ya que la misma fue otorgada sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin un estudio que evaluara de forma integral los impactos sociales y ambientales de la represa.

La SEMARNAT dio luz verde a la hidroeléctrica ignorando también la opinión técnica de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa entidad señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, hogar del 20% de los manglares de México y sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro.

Del torrente del San Pedro Mezquital dependen actividades económicas como la pesca, acuicultura, agricultura, silvicultura, ganadería, turismo y otras que son la principal fuente de ingresos para aproximadamente 12,000 familias. Ese caudal se verá aprisionado y reducido por Las Cruces.

La SEMARNAT avaló el proyecto incluso tras haber recibido, en junio de 2014, más de 49,000 firmas que le pedían negar el permiso ambiental a la hidroeléctrica. De las firmas, más de 37,000 respaldaron la petición ciudadana promovida por AIDA en Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit.

En marzo de este año, se sumó una voz en contra del proyecto, la del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, quien exigió la cancelación del permiso a Las Cruces debido a sus impactos socioambientales.

El proyecto Las Cruces aún no ha sido ejecutado. ¿Será capaz la SEMARNAT y el Gobierno Federal de darnos certeza sobre el acceso a un recurso indispensable como el agua, un derecho de todos? Para los pueblos indígenas de la cuenca del San Pedro Mezquital, el agua lo es todo. De río proviene todo y a él le agradecen una buena cosecha, favores personales y la vida misma. ¿Es posible que el Estado mexicano evite el pisoteo a las culturas indígenas del país? Confiemos que sí.

* AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (@Aidaespanol) es una organización internacional no gubernamental de derecho ambiental que trabaja atravesando fronteras para defender a los ecosistemas amenazados y a las comunidades que dependen de ellos.

15 de mayo de 2015
Fuente: Animal Político