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Las expropiaciones del gobierno federal en Montes Azules, una provocación: ONG

22 octubre 2007

Las recientes expropiaciones gubernamentales de terrenos en Montes Azules, Chiapas, “son una total provocación política, tanto al EZLN como a las organizaciones sociales indígenas de larga trayectoria (ARIC Independiente y ARIC Unión de Uniones histórica)”, según análisis de Maderas del Pueblo del Sureste, luego de conocer los planos derivados del decreto del gobierno federal y, “sobre todo, su deslinde y brecheo físico”.

El pasado 4 de mayo, el gobierno federal decretó (en algunos casos pactando con la denominada comunidad lacandona) la expropiación de 14 mil hectáreas de selva en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto, sin dar a conocer su ubicación, aunque argumentando fines “de conservación ecológica”.

Ese mismo mes, Maderas del Pueblo adelantó tener conocimiento “extraoficial” de que las tierras expropiadas no estaban en un sólo polígono y que se ubicaban en la región de las Cañadas, dentro de la zona de los 26 ejidos de la originaria ARIC Unión de Uniones. Muchos de ellos regularizados en enero de 1989.

Cabe recordar que el entonces nuevo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, atendió con presteza a esa franja de la selva Lacandona en la cuenca de los ríos Jataté y Perla, como “agradecimiento” por el respaldo de las organizaciones campesinas en las reñidas y cuestionadas elecciones de 1988, pues dieron fuerza al famoso “voto verde” en aquel granero de sufragios que era Chiapas (donde la gente no votaba, pero las urnas quedaban muy llenas de boletas tricolor). Con los años, al avanzar el salinismo, algunos de esos ejidos ingresaron al EZLN, mientras otros permanecieron en alguna de las diferentes Aric que resultarían de su fragmentación en 1994 luego del alzamiento zapatista, o en la CNC priísta.

Con morosidad injustificada, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) proporcionó finalmente a Maderas del Pueblo los planos de esa expropiación, luego de requerirlos del organismo civil al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hace más de cuatro meses. Los documentos revelan que muchos de los trabajaderos y zonas de recolección de 15 ejidos (San Caralampio, San José, El Calvario, Plan de Guadalupe, Guanal, Ibarra, Santa Lucía, El Zapotal, Pichucalco, Amador Hernández, Ojo de Agua San Jacinto, Santa Martha Corozal, La Sultana, Las Tacitas y Perla de Acapulco) “han quedado dentro de los polígonos expropiados”.

Ahora que dichos polígonos son “legalmente” propiedad de la Semarnat, “las familias que vivan o trabajen en ellos –aunque sea desde 1989– podrán ser también víctimas de injustos e ilegales desalojos”, como ya lo han sido otras comunidades.

Las ocho extensiones expropiadas poseen muy diferentes tamaños. El primer polígono (el más grande) colinda con San Caralampio, San José y su ampliación, El Calvario, Plan de Guadalupe, Guanal dotación y ampliación, Ibarra, Santa Lucía, San Francisco y Zapotal.

El segundo polígono, dentro de Montes Azules, limita con Pichucalco y Amador Hernández, y el tercero con Guanal, Amador Hernández, Pichucalco y “presuntos terrenos nacionales” (como los designa el propio documento oficial). El cuarto colinda con Ibarra, Guanal ampliación, el río Jataté, Ojo de Agua San Jacinto y más “presuntos” terrenos nacionales.

El quinto está rodeado por Ojo de Agua San Jacinto, el Jataté y Santa Martha Corozal. El sexto colinda con una ampliación de La Sultana (comunidad de las cañadas), Santa Martha y el río Jataté. El séptimo polígono expropiado alcanza Las Tacitas, San Francisco, Santa Lucía, La Sultana y más “presuntos” terrenos nacionales. El último, al noroeste, topa con Perla de Acapulco segunda ampliación, San Francisco, Las Tacitas y “presuntos” terrenos nacionales.

A su vez, comunidades de esa zona de la selva Lacandona, conocida como región Candelaria, pertenecientes a la otra campaña, denunciaron “un contexto de hostigamiento por las amenazas de desalojo” que los gobiernos federal y estatal mantienen sobre ellas, así como su marginación y exclusión, ya que “difícilmente es escuchada la voz de los pueblos y comunidades indígenas que no tenemos acceso a los medios de comunicación ni a los caminos”.

En un documento enviado a La Jornada, Lázaro Jiménez Clara, vocero de la región Candelaria, reivindicó el derecho de las comunidades al territorio, el uso y disfrute de los recursos naturales, y la libre determinación: “nuestro derecho a ser, vivir y organizarnos como pueblos, hablar nuestras lenguas, nombrar nuestros gobernantes, representantes y servidores de acuerdo con nuestras costumbres y propios procesos organizativos”. Todo esto, en respaldo al reciente encuentro indígena continental de Vícam, Sonora.

Por: Hermann Bellinghausen

Fuente: La Jornada

Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2007/10/22/index.php?section=politica&article=010n1pol