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Reforma Energética abriría puerta al fracking: amenaza al agua, ambiente y población

06 diciembre 2013

 

La alianza hace un llamado a ampliar el actual debate sobre la mayor participación de la iniciativa privada en el sector hidrocarburos e incluir la discusión sobre los riesgos del uso de fracking en territorio mexicano a través de la modificación constitucional y sobre el modelo energético actual.

 

El fracking consiste en la fractura de roca de lutita en la que se encuentran atrapados los hidrocarburos a profundidades de entre 1 y 5 kilómetros, mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias tóxicas a elevada presión. Para un solo pozo de este tipo se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua, la cual se contamina irremediablemente. Debido a la complejidad de la extracción del gas natural y otros hidrocarburos en los yacimientos de lutitas (shale) se requiere abrir cientos de pozos en una región, lo que genera competencia por el agua con el uso doméstico y otras actividades económicas. La escasez generada por esta industria puede detonar conflictos sociales por el acceso al agua.

 

Tanto el agua residual como fisuras en los pozos representan importantes riesgos de contaminación de tierras y aguas subterráneas y superficiales debido a las más de 750 sustancias tóxicas presentes en el líquido de fractura. Igualmente, hidrocarburos, metales pesados, materiales radioactivos y otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo se mezclan con este líquido a lo largo del proceso de fractura y son imposibles de tratar.

 

El debate actual en torno a la Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo, se ha limitado a girar en torno a la discusión de la posible participación del sector privado en la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, existe muy poca discusión acerca del tema más preocupante, los riesgos que representa una de las principales justifiaciones expuestas por el Ejecutivo para llevar a cabo esta reforma: la explotación de gas natural en yacimientos de lutitas, pizarrra o esquitos por técnicas de fractura hidráulica. Aunque en México se conoce poco sobre esta técnica, en Estados Unidos se han explotado hidrocarburos intensivamente por esta técnica a lo largo de la última década. Ello ha tenido importantes consecuencias negativas ambientales y sociales, una marcada oposición de la población afectada y grandes costos económicos, ya que alrededor del 80% de los pozos perforados resultan inviables comercialmente –con un costo de entre 3 y 10 millones de dólares por pozo en ese país y de entre 20 y 25 millones en México–.   

 

La Reforma propuesta, pretende impulsar la entrada de empresas internacionales al país para extraer gas de yacimientos de lutita principalmente en Coahuila –donde se ha iniciado ya la exploración-, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Chihuahua. De permitirse la participación de la iniciativa privada en la explotación de estos bienes, México podría arriesgarse a enfrentar demandas millonarias de empresas que, amparadas en los mecanismos de arbitraje establecidos en los tratados de libre comercio, vieran obstaculizadas sus ganancias en caso de que fuesen implementadas algunas medidas de mitigación o regulación ambiental. Éste es el caso que enfrenta actualmente el gobierno de Quebec por la moratoria establecida en esta provincia candadiense al fracking ante inminentes riesgos de contaminación del agua. La empresa Lone Pine Resources ha demandado a Quebec por 250 millones de dólares ante mecanismos de arbitraje establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

 

Atraídos por el ilusorio “boom” del gas shale, la clase política del país pretende aprobar una reforma energética a ciegas, sin un análisis previo de los impactos que ocasionará la extracción de este recurso. México debe seguir el ejemplo de otros países, como Francia y Bulgaria, donde la fractura hidráulica se encuentra prohibida bajo una estricta observancia del principio precautorio, el cual determina que, ante sospechas fundadas sobre los daños a la salud o al medio ambiente que pueda conllevar un nuevo producto o tecnología, no debe permitirse su implementación hasta que se pruebe científicamente que la naturaleza de los mismos es inocua.

 

Una reforma energética que verdaderamente sirva a México y su población, debe reducir la extracción y dependencia de los combustibles fósiles, diversificar la matriz energética y acelerar la transición energética dando prioridad a fuentes limpias, renovables y sostenibles de energía. Además, debe ser congruente con el derecho al acceso al agua y a un medio ambiente sano, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la Alianza Mexicana contra el Fracking exige la prohibición total de este proceso altamente peligroso.

 

 

Para más información sobre el gas shale y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, favor de contactar:

– Claudia Campero, Blue Planet Project y Food & Water Watch. E-mail: claucampero@yahoo.com. Teléfono: 55 3015 6366

-Nathalie Seguin, Red de Acción por el Agua México – FANMex. E-mail: fanmexnathalie@gmail.com. Teléfono: 55 1128 8747

– Beatriz Olivera. E-mail: beatrix.olivera@gmail.com. Teléfono: 55 4822 0313

– Aroa de la Fuente, Fundar Centro de Análisis e Investigación. E-mail: aroa@fundar.org.mx. Teléfono: 5554 3001 Ext. 118

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05 de diciem bre de 2013
Fuente: FANMEX