Tabasco: quedaron bailando 4,000 mdp antiinundaciones

16 noviembre 2007

Obras hidráulicas fantasma, inversiones sin fiscalización, incumplimientos presupuestales, auditorías aleatorias y dependencias estatales que manejaban recursos contra inundaciones que ya fueron eliminadas son denuncias de legisladores, funcionarios, oficiales y el gobernador Andrés Granier al explicar lo ocurrido en Tabasco.

La ruta del dinero lleva a cifras alteradas y acusaciones mutuas.

Sobre el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) acordado en el 2002 por el ex gobernador Manuel Andrade y la Comisión Nacional del Agua con un monto de 2 mil 60 millones de pesos que debía invertirse del 2003 al 2006, dice Granier: “Fue de papel, no se concluyeron las obras; si se hubiese aplicado, el daño habría sido menor”.

Andrade, en un comunicado, acepta que no fueron asignados 729 millones de pesos, pero que sí se invirtieron “mil 331 millones, cantidad que se empleó para regular los sistemas hidrológicos, incluyendo el río Grijalva”. Y detalló que de ese dinero, 958 millones fueron aportados por la Federación y 373 millones por el gobierno local.

—¿Hubo corrupción? —se pregunta a Granier.

—Las obras se controlan a nivel Federación, los recursos se dan vía Conagua. Hasta donde sé, no se concluyeron las obras por incumplimiento de contratistas.

Más allá de proyectos inconclusos, en ninguno de los dos casos —aportaciones federales y estatales— hay la certeza de que hayan sido usados para infraestructura hidráulica.

“No nos corresponde auditar recursos federales, es asunto de la Auditoría Superior de la Federación”, dice Víctor Landero, secretario técnico del Órgano Superior de Fiscalización de Tabasco.

Y, desde un ángulo opuesto, afirma el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña: “De acuerdo con mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda, acordados también por la Conferencia Nacional de Gobernadores, los recursos federales entregados a las estados siguen la suerte de las cuentas públicas locales, por lo tanto, tiene la palabra el Congreso tabasqueño”.
Al respecto, revira Landero: “Algunas veces hay convenios con la Federación, pero no es el caso de este dinero”.

—¿Y fueron fiscalizados los recursos (373 millones) invertidos por el gobierno estatal? —se le pregunta.

—Sólo si las obras están dentro de la muestra que elegimos cada año con anuencia del Congreso local. De 10 recursos, auditamos alrededor de 5. No tenemos datos de que los planes hidráulicos hayan sido incluidos.

“El Órgano de Fiscalización estatal actúa de manera arbitraria, no revisa la totalidad de las partidas presupuestarias, dejan de lado las principales obras”, acusa Joel Alberto García, quien fuera Oficial Mayor del Congreso tabasqueño hasta el 21 de abril del 2005.

Y sobre el PICI, opina: “Andrade se limitó a hacer taponamientos al río Carrizal y en la zona donde se presentó la contingencia en 1999, pero se olvidó de otros afluentes. Llegó parte del dinero del PICI, pero no hubo una buena planificación ni transparencia. Todo terminó en un concierto de obras fantasma o de maquillajes”.

El director de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, excusa: “Sí se trabajó, pero buena parte de los bordos de protección fallaron y algunos otros se vieron rebasados, después de la contingencia me reuniré con autoridades estatales y municipales para replantear el proyecto”.

En su plan original, el PICI contemplaba la construcción de 179 kilómetros de bordos, 190 kilómetros de drenes y tres estructuras de control, ninguna concluida: la del río Carrizal, la de La Sierra y Pichucalco y la compuerta de Macayo.

“Solo se levantaron 110 kilómetros de muros de contención y bordos que fueron rebasados por las aguas. La compuerta de Macayo, que debía distribuir el agua de la presa Peñitas a los ríos Carrizal y Samaria, tuvo que entregarse en mayo. Era una obra de 100 millones de pesos”, revela el gobernador Granier.

El dinero federal es canalizado a la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, cuyo titular en la parte final del gobierno de Madrazo y durante la gestión de Andrade fue Fernando Calzada Falcón, hoy diputado local por el PRI y presidente de la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto. Pese a la insistencia de Crónica, Calzada se negó a la charla, con el argumento de que estaba en sesión.

Adán López Hernández, líder de la fracción parlamentaria del PRD en Tabasco, pide investigar no solo los recursos para el PICI, sino los donativos en efectivo y especie transferidos por Pemex al gobierno tabasqueño para infraestructura social y, en específico, para obras contra inundaciones.
“Se hablan de millones y millones de pesos, de dinero federal, de Pemex, del estado, pero en la realidad los tabasqueños volvieron a perder sus casas, su patrimonio. ¿Qué se hizo con ese dinero, en manos de quién quedó?”

En el embrollo de cifras, una más: Tabasco es el estado que mayores recursos ha recibido de Pemex para obras de infraestructura. Según un documento entregado a la Cámara de Diputados, la paraestatal informó que entregó a los gobiernos de Madrazo y Andrade mil 970 millones de pesos para obras sociales, entre éstas construcción de muelles, escolleras, dragados, malecones y bordos de protección contra inundaciones.

En el oficio DG/CE0071/2007 dirigido a la comisión especial que investiga sus daños ecológicos, Pemex reconoce que “no hay evidencia de que los recursos se hayan aplicado en la entidad para alcanzar los objetivos planteados”.

Describe el ex oficial mayor Joel Alberto García: “Los recursos petroleros eran manejados por la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social del estado (Cimades, creada por Madrazo el 28 de abril de 1995), que siempre fue considerada la caja chica del gobierno, para comprar votos y hasta conciencias de diputados del PRD y del PAN”.

Apenas el 24 de octubre, los diputados locales aprobaron la desaparición de la Cimades, cuyo titular era Silvia Whizar, y la creación de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

Los recursos empleados por esta Comisión tampoco fueron auditados a nivel estatal ni federal. Fue una auditora externa, Vertiz Martínez y Asociados, la que descubrió que el 16% del dinero enviado por Pemex era utilizado para el pago de salarios de su personal. Además, no encontró actas de entrega y terminación de obras y se detectaron gastos sospechosos en la compra de cigarrillos, galletas y bebidas hidratantes, así como en gasolina para vehículos dados de baja que recibían mantenimiento en talleres fantasma.

El secretario del Trabajo “es un porro”: MEC

[ Alejandro Cedillo Cano ]

Marcelo Ebrard, mandatario local, dijo que Javier Lozano Alarcón es un “porro” y que sus críticas contra el Gobierno del Distrito Federal son por órdenes del presidente Felipe Calderón.

En entrevista el jefe de Gobierno advirtió que seguirá ayudando a los damnificados de Tabasco; incluso anunció que mañana enviará “otro cargamento” con víveres.

“Es un acto de provocación de alguien que no tiene argumentos y ya y nos da un recetario de adjetivos. Si me llama la atención porque el señor tiene un jefe y ese jefe lo mandó”, aseguró Ebrard.
Cabe mencionar que Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), criticó el apoyo brindado por la administración capitalina hacia los damnificados de las inundaciones de Tabasco.

Ante esto Ebrard dijo que el funcionario federal tiene la encomienda de perjudicar al gobierno de la ciudad.

“Este señor aparece ayer (miércoles) en Tabasco como porro, porque no lo puedo calificar de otra manera con los adjetivos que maneja a mí no me interesa entrar en esos dimes y diretes… lo que vimos es un acto de provocación de alguien que no tiene argumentos y nos da un recetario de adjetivos”, expresó.

Ebrard defendió —nuevamente— el trabajo de las brigadas capitalinas en el Estado afectado, principalmente de los bomberos y el personal de las brigadas médicas.

Incluso, recordó que el mismo Gobierno estatal pidió que permanezca la ayuda del GDF y la presencia de representantes en las reuniones de coordinación.

“Estamos asistiendo a las reuniones que nos invitan y lo que vimos ayer es, yo lo calificó así, un acto de provocación de alguien que no tiene argumentos y va y nos da un recetario de adjetivos”, comentó.

Por la mañana, el secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, también llamó “porro” a Javier Lozano.

Luego de participar en la reunión del Consejo de Seguridad Pública, Ávila criticó las declaraciones que el funcionario federal dio en la víspera, sobre una supuesta politización de los víveres que el GDF entrega en Tabasco.

“Creo que no hay nada que comentar, es lamentable que un funcionario federal hable sin conocimiento y con una actitud de provocador, utilizando para ello el lenguaje propio de un porro”, dijo Ávila.