Temen campesinos de Acapulco que con La Parota suceda lo de Villahermosa

23 noviembre 2007

Ciudad de México (23 de noviembre de 2007).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede construir la presa hidroeléctrica La Parota, ya que sigue vigente la suspensión definitiva de la obra que otorgó la juez Livia Lizbeth Larumbe Radilla, del octavo juzgado de distrito, con sede en Acapulco, asentó Francisco Xavier Martínez Esponda, abogado del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOPP).

En conferencia de prensa, los campesinos reiteraron que seguirán todos los procedimientos jurídicos para impedir la edificación del embalse pero, además, su decisión es no ceder sus tierras ni su agua a una obra que no los beneficiará. “Se hará todo para que triunfe la legalidad, la verdad y la justicia; la fuerza de la gente impedirá la construcción de la hidroeléctrica”, subrayó Rodolfo Chávez Galindo, integrante del CECOPP.

Apoyado por el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, dicho consejo interpuso un recurso de revisión contra el sobreseimiento que la juez Larumbe Radilla dictaminó por la suspensión definitiva del juicio de amparo 879/2007que ella había otorgado a los ejidatarios y comuneros. Ahora, esperan que el Tribunal Colegiado de Justicia dictamine en torno a dicho recurso, lo cual podría llevar más de cinco meses.

Martínez Esponda expuso que el razonamiento de la juzgadora para dar por concluida la primera etapa del amparo fue que consideró que las leyes y autorizaciones reclamadas “no tienen como efectos jurídicos directos la privación de las tierras comunales y del derecho al uso del agua que alegan los quejosos en su demanda”.

El CEPCO y su asesor jurídico difieren de los señalamientos de la juez, ya que según ella no existe agravio a los derechos de los campesinos. “Nosotros consideramos que al emitir la autorización de impacto ambiental y los títulos de concesión de agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua constituyeron derechos en favor de la CFE, pero no contemplaron el derecho de audiencia de los ejidatarios”, agregó Martínez Esponda.

Los campesinos tienen derecho, insistió el abogado, a presentar pruebas y alegatos en contra de la construcción de la hidroeléctrica y a que se les notifique el inicio y la resolución del procedimiento, lo cual no se cubrió, abundó.

La gente no quiere que en su región suceda lo mismo que en Tabasco, dijeron Rodolfo Chávez Galindo y Felipe Flores, quienes recordaron que de llevarse a cabo dicha obra, 25 mil personas –76 por ciento de las cuales se dedican a la agricultura– serían desplazadas de 13 comunidades.

El embalse cubriría 13 mil 728 hectáreas de superficie, dejaría bajo el agua cientos de hectáreas cultivables, causaría un daño irreversible al ambiente y aceleraría la desaparición de los mantos freáticos que abastecen a Acapulco.

Por: Matilde Pérez U.

Fuente: La Jornada

Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/23/index.php?section=sociedad&article=051n1soc