Algunos trabajadores sospechan que ese dinero habría sido usado para la defensa de Rubén Gil en el juicio que el gobierno de EU le sigue por haber conspirado contra esa nación al distribuir 11 kilos de cocaína pura en Nueva York.

Trascendió que Gil Campos y Marcelino Pineda Cerón, director del SOAPAIM, se reunieron en un banco de esa ciudad para retirar los 5.2 millones, días antes de que el ahora ex alcalde mixteco solicitara licencia a su cabildo para ausentarse de su cargo y de ser detenido en Los Ángeles por el Departamento Antidrogas norteamericano (DEA).

A este hecho obedece un clima de hostigamiento y represión laboral que padecen los trabajadores del SOAPAIM; más de una decena han sido despedidos y suspendidos de sus puestos. Se cree que es una forma de evitar que se haga una investigación de fondo.

David Echeverría, quien era directivo del SOAPAIM e intentó formar un sindicato en el organismo, en entrevista con La Jornada de Oriente, demandó que el Congreso local emprenda una investigación a fondo para determinar el destino de los 5.2 millones de pesos que no aparecen y se determine si se están utilizando en la defensa legal de Rubén Gil.

Como justificante el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros sostiene que los despidos es porque los trabajadores quieren crear un sindicato, y por “ordenes” de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, no se permiten la creación de nuevas agrupaciones de trabajadores.

El SOAPAIM es un organismo descentralizado del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Fue creado hace 15 años debido a la necesidad del gobierno de esa ciudad del sur del estado de Puebla de controlar el abastecimiento de agua, además de allegarse de recursos para sostener el servicio. Algunos trabajadores relataron que el organismo comenzó a funcionar en una oficina sin luz ni ventilación, con una mesa de plástico, una silla y tres trabajadores. Ahora cuenta con un funcional edificio ubicado en la calle Hidalgo y cerca de 80 empleados.

A principios de este año, el ex director de SOAPAIM Alberto Sánchez, quien llegó a la dependencia durante el pasado trienio del priista Filiberto Guevara González, depositó 5 millones 200 mil pesos en un banco, una vez que se enteró que el gobierno entrante de Rubén Gil Campos decidió relevarlo del cargo.

Sin embargo, relataron los empleados, debido a los antecedentes de Gil Campos en la región, Sánchez invirtió ese dinero a plazo fijo, por lo que cuando el alcalde ahora detenido quiso retirarlo junto con Pineda Cerón, se llevaron un chasco. Una vez que el plazo al que fue invertido el dinero venció, éste fue transferido al gobierno municipal a pesar de que fue una acción indebida, pues el SOAPAIM es un organismo descentralizado del gobierno de esa ciudad.

Fuentes confiables del ese ayuntamiento indican que Pineda Cerón habría sido timado por un regidor priista bajo el pretexto de retirar ese dinero para poder pagar a los empleados del ayuntamiento, pero nadie le firmó ningún documento en garantía de que los 5.2 millones de pesos le serían devueltos. A la fecha se desconoce dónde está ese dinero y Pineda Cerón padece una parálisis facial, producto del estrés que le provocó la preocupación de devolver esa cantidad íntegra a las arcas del SOAPAIM. 

Tras el escándalo que causó la detención de Gil Campos en Los Ángeles, el 26 de marzo pasado como lo dio a conocer oportunamente La Jornada de Oriente, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise) anunció que haría una auditoria a los primeros meses de la administración del ex edil, investigación que reconoció a este diario el edil interino Arturo Herrera. Sin embargo, a pesar de que el Orfise asegura que no hubo manejos irregulares durante los 40 días que Gil gobernó Izúcar de Matamoros, la dependencia fiscalizadora no ha emitido comentario alguno sobre el desfalco en las finanzas del SOAPAIM.

Ahora, Pineda Cerón “está desesperado y no sabe qué hacer para reponer esos 5.2 millones de pesos”, señalan los empleados, quienes agregan que Pineda arremete en su contra con despidos, los mismo contra personal fundador –con 10 y 15 años de experiencia en el organismo–, que contra madres solteras; a los trabajadores los acusa de malos manejos, sin presentar prueba alguna y a pesar de que el Orfise no ha presentado pliegos de observación del pasado gobierno municipal.

El director del SOAPAIM, Marcelino Pineda Cerón, es un ex piloto aviador privado que desde hace unos años es amigo personal de Rubén Gil. Cuándo éste llegó a la alcaldía izucarense, le ofreció a su amigo la titularidad del sistema operador de agua y cumplió.

Cuando Gil Campos fue detenido en EU, su familia comenzó a vender las propiedades que ésta tenía en Izúcar de Matamoros, entre ellos un predio de 50 hectáreas de tierras cultivables llamado La Traconera, además de casas y ranchos en la región, así como autos de lujo. Esta propiedad, con valor de 20 millones de pesos, fue rematada en la mitad de su valor a unos empresarios jalisciences, según lo reportó en su momento un diario local. 

La compra–venta de La Traconera fue realizada en abril pasado y el encargado de la operación fue el director del SOAPAIM, Marcelino Pineda, quien en Izúcar es identificado como “operador financiero” de Gil Campos. De acuerdo con la misma fuente, el lugar tiene una pista de aterrizaje y a pesar de las denuncias de vecinos de que ahí se disparaban armas de alto calibre, ni la Policía Estatal ni la Judicial del estado jamás pudieron acceder al inmueble.