El debate sobre riesgos ecológicos en Santurbán

02 octubre 2017

29 de septiembre de 2017
Fuente: El Tiempo
Nota: Tatiana Par

El pasado 29 de agosto, la Sociedad Minera de Santander (Minesa), propiedad del grupo árabe Mubadala, radicó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el estudio de impacto ambiental que tendría el proyecto de explotación de oro Soto Norte, el cual pretende trabajar durante los próximos 25 años en los municipios de California y Suratá, en Santander, muy cerca del páramo de Santurbán.

Los páramos son de vital importancia por su aporte a las reservas hídricas y abastecen de agua al 70 por ciento de la población de Colombia. Foto: Corponor, tomada de El Tiempo

Los documentos que adjuntó la empresa –un paquete de más de 5.000 páginas con información sobre el proyecto, la caracterización del área de influencia, la zonificación de manejo ambiental, la demanda de recursos naturales de Minesa, el plan de manejo ambiental, el plan de compensación por pérdida de biodiversidad, entre muchos otros– serán evaluados durante los próximos 90 días por la Anla.

El área de influencia biótica del proyecto se encuentra en la Provincia Biogeográfica Norandina, en el distrito Biogeográfico Páramo de Santander-cordillera Oriental, que cuenta con 29 ecosistemas de origen natural. Allí se encontraron 7 especies de anfibios, 9 de reptiles, 126 de aves y 40 de mamíferos, según uno de los estudios.

El meollo detrás de este proyecto pasa por diferentes aspectos. Durante varios años los páramos se han convertido en el epicentro de la discordia cuando de conservación de la naturaleza y desarrollo económico se habla. A los ambientalistas y a algunos líderes políticos no les termina de calar la idea de que el país le apueste a un modelo económico que podría poner en riesgo la salud de estos ecosistemas estratégicos, que abastecen de agua al 70 por ciento de la población de Colombia.

“Todo proyecto megaminero afecta de manera drástica los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos. El bioma comprende el páramo de Santurbán así ellos desarrollen su proyecto bajo la línea que se trazó para delimitarlo. El bosque alto andino es un ecosistema que no entiende de fronteras”, asegura Orlando Beltrán, ingeniero especialista en derecho del medioambiente y miembro del Comité para la Defensa del Agua.

Solo el documento de Evaluación de Impacto Ambiental, con 513 páginas de datos, advierte que el proyecto “alterará los ecosistemas, cambiará la cobertura boscosa y por ende se alterará el funcionamiento y dinamismo de las poblaciones de fauna silvestre, algunas comunidades y ciertas especies con alto grado de conservación”.

“Igualmente, el tráfico de la maquinaria requerida para la construcción de la mina puede generar aumentos en la escorrentía de aceites y combustibles a los cuerpos de agua; las excavaciones subterráneas y voladuras generan vibraciones que se transmiten fácilmente por el medio acuático generando cambios en el comportamiento de peces e invertebrados; el establecimiento de nuevos campamentos implica un aumento en la demanda del recurso hídrico, además de generar vertimientos de tipo doméstico (aguas negras y grises), y la construcción de obras civiles genera escorrentía de desechos de construcción como cemento, arena y polvillo que afectan la transparencia de algunos cuerpos de agua”, continúa más adelante el informe.

Las quebradas Caneyes, La Loma, San Francisco, Páez, Angosturas, La Baja, Bochalema, San Juan, Barrientos, El Curo, Padilla, Agua Limpia y Zeppelín –de los ríos Vetas y Suratá– se verán alteradas de alguna manera. En eso es claro el documento.

“Aunque Soto Norte no se encuentra dentro del área delimitada de Santurbán, el debate se centrará en el impacto que puede tener una mina subterránea debajo de esa línea, pues de alguna manera, ese ecosistema no es una superficie sino un sistema, lo que significa que incluye el subsuelo. La pregunta que deberá resolver la Anla es si la propuesta de Minesa tendrá efectos inaceptables en la hidrogeología del páramo, vital para que ese entorno natural siga cumpliendo con su función como fábrica de agua de Santander”, escribió en una columna el abogado y ambientalista Carlos Lozano.

Responde Minesa

Sin embargo, en entrevista con EL TIEMPO, el director de sostenibilidad de Minesa, Juan Camilo Montoya, asegura que tienen una red de monitoreo que les ayudará a medir la calidad del agua en 56 puntos diferentes para conocer y estimar cuánta agua subterránea se puede infiltrar a la mina durante el proceso y cuánta agua tendrá que ser tratada para devolverla en óptimas condiciones a los ríos.

“Nosotros tenemos todo el soporte técnico para decirle a la región que no habrá ninguna afectación en el suministro de agua de Bucaramanga y que esas fuentes hídricas que están dentro de la zona de influencia del proyecto van a ser monitoreadas y van a recuperar sus caudales después de nuestro proyecto minero. Tenemos 53 programas de gestión para tratar los posible impactos ambientales”, dice Montoya.

Lo que él rescata de Soto Norte es que no utilizará cianuro ni mercurio durante sus procesos, por lo que, cree, serán “los principales promotores para corregir los impactos ambientales actuales que la minería tradicional ha dejado en la zona.

Porque, me imagino, los ambientalistas se oponen es a la minería mal hecha, tanto pequeña como a gran escala, y no a la que se hace con la última tecnología, como esta”.

Según Montoya, hasta el momento, han reforestado con más de 88.000 árboles nativos, retirado 360 toneladas de arenas contaminadas que estaban en la quebrada La Baja, desmontando plantas de minería antigua y algunas bocaminas que dañaban el ecosistema; y a largo plazo, esperan generar más de 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se ha opuesto públicamente al proyecto de Minesa y convocó a la ciudadanía a mostrar su descontento en las calles el próximo 6 de octubre, los alcaldes del área de influencia sí se montaron al bus de la explotación de oro “bien hecha”.

Concretamente, los seis alcaldes de Soto Norte firmaron, a inicios de este año, un convenio de 30 millones de pesos con Minesa para el “fortalecimiento institucional de la asociación”.

Una de esas cláusulas dice que estos “deberán abstenerse de promover, participar y/u omitir acciones de mitigación frente a cualquier situación que afecte la operación, intereses y/o reputación de Minesa”.

En varios videos de la empresa aparecen los alcaldes diciendo que “Minesa ha hecho las cosas bien y es muy responsable con el medioambiente” o que “la llegada de la empresa ha sido muy buena con la inversión social que han hecho para nuestras comunidades”, entre otras valoraciones.

Solo resta esperar la respuesta de la Anla durante las próximas semanas, aunque también podría alargarse el plazo si deciden pedir información adicional o convocar a una audiencia pública ambiental.