La EAAB es una de las 10 mayores prestadoras de agua potable de la región, con un millón 625 mil conexiones. Suministra servicio de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y de lluvia a cerca de siete millones de habitantes, con una cobertura de 99.8 por ciento.

Pero es el servicio de agua potable más costoso de Colombia y el quinto más caro de América Latina, según la entidad gubernamental Proexport, dedicada a promover las exportaciones y la inversión extranjera.

El vicepresidente del sindicato, Humberto Polo, dijo a IPS que "el elevado costo del servicio obedece a que la empresa capitalina, contrario a la mayoría de similares en el país, hace cobertura y mantenimiento de alcantarillados sanitario y pluvial".

Pero también incide "el subsidio bimestral de 70 por ciento sobre el precio de los 40 metros cúbicos iniciales de consumo para el estrato socio-económico uno (el más bajo de seis) a diferencia de las empresas de acueducto de otras ciudades colombianas, que aplican 50 por ciento de subsidio".

Asimismo, los estratos dos y tres se benefician de subsidios sobre igual cantidad de consumo básico, de 25 y 13 por ciento del precio, respectivamente. El estrato tres paga hoy el equivalente a 1.13 dólares por metro cúbico.

Pero aun con el servicio subsidiado para los estratos más bajos, los operadores privados que prestan parte de los servicios de la EAAB registraron en 2007 utilidades por más de cuatro millones de dólares. Y la empresa obtuvo casi 10 millones de dólares por el mismo concepto.

Si bien la EAAB está catalogada como empresa industrial y comercial del Estado, "está privatizada en un 95 por ciento", mediante la modalidad de subcontratación de servicios, dijo Polo.

La empresa capitalina ha pasado por distintos procesos de privatización en sus 120 años de historia, acentuados en las últimas tres décadas, según el sindicalista.

Las gestiones de los alcaldes Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2004) y Paul Bromberg (1997-2000) se destacaron por la aceleración de esa tendencia, al transferir a contratistas privados la lectura de contadores, la suspensión de servicios, la reconexión, la facturación, el cambio de medidores, la construcción de acometidas y la atención a los usuarios.

Los mil 426 trabajadores de la EAAB llevan a cabo labores de auditoría, intervención y un mínimo de la operación, frente a las empresas privadas que contratan cerca de 8 mil empleados para suplir las demandas del servicio.

"No creemos que lo privado sea malo de por sí, ni que lo público sea lo único que vale", dijo Polo, "pero es fundamental utilizar el máximo de recursos para inversión social y controlar el aumento en el costo del servicio", agregó.

El sindicalista, con 21 años de trabajo en la empresa, afirmó que antes de ser entregada en concesión en 1998, la planta de tratamiento de aguas de Tibitoc, el metro cúbico costaba 48 pesos, "con la entrega a manos privadas, el precio ascendió a 108 pesos de la época". Y las quejas de los usuarios aumentaron en 23 por ciento.

A raíz de los reclamos del sindicato en la última negociación, "la concesión de la planta de Tibitoc está en proceso de reversa, a la espera de que un tribunal de arbitraje que retorne el control a la entidad estatal", aseguró.

"Sin duda, la inversión social se verá favorecida si la empresa aumenta utilidades asumiendo las tareas que subcontrata con privados, con posibilidad de una cobertura del 100 por ciento", dijo Polo.

En los corredores de miseria de Bogotá, habitados sobre todo por desplazados que huyen de la guerra, no hay redes de saneamiento ni de agua potable y el suministro se presta en camiones cisterna que visitan cada barrio una vez a la semana.

La Contraloría de Bogotá consideró en 2007 que la privatización del servicio fue un "fracaso para la ciudad, la empresa y los usuarios", opinión con la que coincidió la Mesa Distrital de Usuarios de Servicios Públicos.

El proceso de privatización de la EAAB se enmarca también en la política del presidente Álvaro Uribe, que gobierna desde 2002. De las 349 empresas de acueducto, 141 se encuentran en manos privadas.

Datos de la gubernamental Superintendencia de Servicios Público señalan la presencia de las corporaciones francesas Suez y Veolia Environnement (ex Vivendi) y de las españolas Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II y Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa).

Las empresas extranjeras se asocian con otras nacionales o locales que aparecen como los entes prestadores del servicio.

Estas empresas "explotan nuestros recursos naturales a su antojo. Y podría ser aún peor si no se hubiera logrado detener la aprobación de leyes relacionadas con tierras, páramos y agua en los últimos seis años", dijo a IPS Federico Sorzano, activista ecologista y estudiante de recursos hídricos en la estatal Universidad Nacional.

Mientras, casi 25 por ciento de los más de 42 millones de colombianos no tienen agua potable, según la estatal Defensoría del Pueblo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirma que cada año mueren 20.000 menores de cinco años de enfermedades transmitidas por el agua.

La privatización de la EAAB se asienta en tres fases.

"La primera son las concesiones por 20 a 30 años, como el caso de las plantas de procesamiento, la segunda son contratos de arrendamiento por periodos de cinco a 10 años, y la tercera, la más disimulada, es la contratación de servicios de facturación, suspensión y similares, que además se presta para mayor corrupción", dijo Polo.

"Por eso pedimos que se reversen procesos y logremos una gestión pública eficiente y directa, lo que representaría ganancia para gobernantes, trabajadores y ciudadanía", continuó.

El pliego de peticiones del sindicato se negoció con la dirección de la empresa y el gerente Jorge Pizano, quien antes de llegar a la EAAB ocupó durante tres años igual cargo en una de sus filiales, Aguas de Bogotá.

IPS intentó durante más de dos semanas entrevistar a Pizano o a otro ejecutivo de la EAAB, pero la respuesta fue negativa.

El asesor de prensa de la EAAB, Luis Ortiz, dijo que la empresa no está privatizada y remitió a IPS al sindicato, prometiendo una respuesta que no llegó.

Desde 2007, un grupo de organizaciones ambientalistas y sindicales lleva a cabo una campaña para someter a referendo una reforma de la Constitución que incluya el acceso al agua potable como derecho humano fundamental, paso que han dado otros países de la región, como Uruguay.

El proceso de recolección y verificación de firmas concluirá en el segundo semestre de este año, cuando la propuesta pasaría a consideración del Congreso legislativo.

Este esfuerzo "es urgente, de lo contrario, antes de que nos demos cuenta, los recursos y sus utilidades beneficiarán a las multinacionales, y los colombianos perderemos la riqueza hídrica que nos ubica en el segundo lugar en América Latina y en el séptimo en el mundo", concluyó Polo