Según el artículo 4° de la mencionada ley, las obras podían concretarse utilizando las normas de excepción previstas en el decreto 7764/71. Esto significaba que las cárceles podrían edificarse sin los estudios necesarios de aptitud del suelo, del impacto ambiental y del agua.

Para tratar de descomprimir la superpoblación en los penales bonaerenses, además de los tres penales de San Martín, se construyeron otras dos cárceles en Lomas de Zamora y en González Catán, partido de La Matanza.

Todos tienen problemas con el suministro de agua. Igual que las cárceles de San Martín, el último de los penales también emplazó sobre rellenos sanitarios.

Esta cárcel tiene capacidad para 500 internos pero, en la actualidad sólo hay poco más de cien detenidos. Mientras que el penal de Lomas de Zamora se construyó sobre terrenos que tienen napas con agua salada, no apta para el consumo.

En el Servicio Penitenciario Bonaerense no contestaron ninguno de los llamados de LA NACION para dar su versión sobre la causa penal que se instruye en los tribunales de San Martín.