Pese a que al organismo que dirige Adolfo López Badillo asegura haber seguido el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín, indicó que no existe reporte anexo o secundario sobre las cuantiosas faenas, trabajos voluntarios, excesivos pagos a los son sometidos los pobladores para tener acceso del líquido.

“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no cuenta con un diagnóstico específico sobre las zonas donde se viola el derecho al agua”, respondió en la solicitud de transparencia en el folio 00212312.

Luego de que José Ramón y Pascual emprendieran un proyecto en beneficio de la comunidad, el cacique del pueblo utilizó sus influencias para fabricarles un delito como una forma de castigarles por hacer efectivo el derecho para su comunidad. Una vez presos, el proyecto fue desechado por la Comisión del Agua del lugar, las mangueras destruidas y las llaves de libre acceso, cerradas.

Según el expediente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PROdh) sobre los ahora llamados presos de conciencia, “en Atla el acceso al agua entubada ha sido controlado por Guillermo Hernández y su grupo cercano, con ello ha obtenido cuantiosos recursos provenientes de la comunidad y de los programas gubernamentales”.

“Este acceso se reforzó mediante el control político que se dio en contubernio con ediles de Pahuatlán. Aun con el cambio de gobierno favorable para los miembros del grupo opuesto a Hernández siguieron sin modificarse las prerrogativas violando el Derecho de Acceso al Agua”, dice el informe.

En Atla, documenta el PROdh, el comité presedido por Hernández Cruz ha incurrido en abusos de mano de obra gratuita, ha obligado hasta 40 días continuos de servicio no remunerado a habitantes para acceder al agua.

Las cuotas por una toma alcanzan cantidades de hasta 5 mil pesos, además de cooperaciones continuas, una cubeta de 20 litros puede ser adquirida en el lugar por 40 pesos para quien no acate las directrices del comité.

De acuerdo con la respuesta de la CDH de Puebla el caso “Ramón y Pascual’, “se inicio oficiosamente derivado de diversas notas periodísticas. Entre las acciones la CDH estatal constan dos entrevistas en el área de locutorios del Cereso de Huauchinango con los agraviados y con el Departamento Jurídico y una visita al domicilio de los agraviados en Atla, Pahuatlán. Hay que decir que ni Ramón ni Pascual y sus defensores requirieron presentar queja ante este organismo.