Tan solo en este mes, México ha enfrentado al menos tres emergencias ambientales.

El 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados en el río Sonora por la mina Buenavista del Cobre. Poco más de 22 mil personas, de siete poblaciones aledañas al río, aun sufren las consecuencias.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso una multa de un millón 200 mil pesos a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México de acuerdo a la revista Forbes.

Esto, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que la empresa actuó en forma negligente y no vigiló las fugas de los residuos.

Una semana después, otra contingencia sucedió en una mina.

El 13 de agosto, en el municipio El Oro, Durango, la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro a un arroyo, afectando a seis municipios de la entidad.

La Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) detalló en un comunicado que debido a las lluvias la presa se sobresaturó y derramó parte de la solución tóxica hasta el arroyo La Cruz, que conecta con el río El Magistral, y a la fecha se han reportado ya muertes de animales que acudieron a beber agua a dichos cuerpos hídricos.

Proyecto Magistral tampoco cumplió con sus obligaciones ambientales, de acuerdo a las declaraciones de Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de la Profepa. Como castigo, la dependencia le exigió presentar un programa de remediación.

Pasaron apenas tres días cuando un desastre más se unió a la cuenta.

Un derrame de petróleo crudo fue detectado por Pemex el sábado 16 de agosto luego de que “ordeñaran” de manera clandestina un oleoducto de 24 pulgadas de diámetro.

La petrolera informó que una fuga de petróleo crudo se registró en el ejido La Fragua, a 15 kilómetros de la refinería de Cadereyta, contaminando el Río San Juan.

El alcalde del municipio, Emeterio Arizpe Téllez, aseguró que el derrame afectó 5 kilómetros del cauce del río y 18 kilómetros de una acequia perjudicando a más de 300 propietarios de huertas de naranja y ganaderos.

Óscar Gutiérrez Santana, director del Organismo Cuenca Río Bravo de la CNA, dijo a Milenio que basados en la Ley de Equilibrio Ambiental y la Ley de Aguas Nacionales no habría una sanción a Petróleos Mexicanos por ser un incidente no imputable a la paraestatal, al ser originado por una toma clandestina.

Tres empresas, miles de afectados, una multa.

Ya la organización no gubernamental Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental habían alertado que hay un problema de incumplimiento de las leyes en cuanto a prevención ambiental a nivel nacional.

Indicaron que se deben implementar las sanciones que compensen el verdadero daño ambiental y social por los desastres que ocurren en el país.

“México ya es el paraíso de la contaminación desde hace muchos años, porque en la legislación ambiental ha habido avances, pero existen muchos huecos, muchos desafíos que se tienen que enfrentar y uno de ellos es precisamente el tema de la prevención”, consideró Raúl Estrada, director de Comunicación de Medios Greenpeace México.

Leyes de agua

El 7 de julio de 2013 entró el vigor la Ley de la Responsabilidad Ambiental en México, la cual establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente.

La legislación, que busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales, hasta hoy no se ha aplicado.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, el caso de Grupo México y la mina Buenavista podría ser el primero en el que se aplique la ley a una empresa.

Se buscaría, dijo, imponerle una multa de 40 millones de pesos, independientemente de los costos por la reparación de daños ocasionados por la emergencia ambiental y otras denuncias.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la de Aguas Nacionales facultan a la Federación para imponer multas por 3 millones y 2 millones de pesos, respectivamente, a la compañía.

Sin embargo, para Greenpeace México estas sanciones tampoco serían suficientes.

En entrevista para La Jornada, Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de la ONG, refirió que las multas ambientales son pagar por el derecho a contaminar.

“Los correctivos más allá del costo, se usan como una medida para hacer un borrón y cuenta nueva con las industrias”, advirtió.

El mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un paraíso para contaminar, dijo.

La laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando, pues en teoría se les exige un pago o la reparación del daño en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades.

“Por ejemplo, el derrame en el río Sonora no solo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia”, indicó Greenpeace.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación.

Pide Código Único

Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo al portal sinembargo.com que en México se debe revisar si las sanciones que están en la Ley de la Responsabilidad Ambiental son las adecuadas y estudiar la posibilidad de tener un Código Ambiental Único.

26 de agosto de 2014
Fuente: Reporte Índigo
Nota de Carolina Hernández