La multifuncionalidad de la agricultura: oportunidades y retos

30 octubre 2014

Con medio siglo de recorrido, los objetivos iniciales de la PAC (proporcionar alimentos a la ciudadanía a precios asequibles y asegurar una renta digna y razonable para los agricultores) siguen vigentes. Sin embargo, el paso del tiempo ha sumado nuevos y complejos retos: la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión de los recursos naturales o la voluntad de mantener vivo y dinámico el paisaje vertebrado por la economía rural son sólo algunos de los más significativos. La primera política comunitaria, aún con dificultades y margen de mejora, se ha configurado como un ejemplo de adaptación a buena parte de los cambios de carácter socioeconómico y ambiental del territorio. En 1992 el comisario europeo MacSharry anunció la reforma considerada, hasta día de hoy, la mayor apuesta de cambio de paradigma de la política agraria, evolucionando desde el enfoque tradicional productivista al considerado enfoque ruralista y multifuncional (Wilson, 2001). La reforma de 1999 (Agenda 2000), la intermedia de 2003 y el Chequeo médico de 2008 supusieron avances significativos en la línea desarrollada por MacSharry (Upite y Pilvere, 2011; Andrei y Darvasi, 2012). Ante este bagaje, la nueva reforma de la PAC (2014-2020), con el greening como uno de los principales aspectos generadores de debate, se plantea como el garante de un modelo de agricultura acorde con la conservación ambiental con el cual incrementar la producción de alimentos desde la competitividad del sector agrícola y el respeto hacia la biodiversidad del territorio (Horlings y Marsden, 2011).

Sabemos de la importancia del binomio agua-suelo para la producción de alimento y también como base para el fomento del desarrollo rural, la distribución territorial de la población, la conservación del paisaje o la preservación ambiental (Mata, 2008). Una dualidad entre la generación de bienes privados y funciones públicas (Figura 1). Es decir, la agricultura multifuncional produce bienes tanto privados (alimento, materias primas de origen agrícola o turismo rural) como públicos, los cuales se dividen en sociales (contribución a la viabilidad de las áreas rurales desfavorecidas, la protección de valores culturales y patrimoniales asociados al medio rural o la protección ante el despoblamiento rural) y ambientales (protección de valores paisajísticos, fomento de la biodiversidad y la reducción de los procesos erosivos del suelo).

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