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¿México está preparado para atender los diferentes impactos del cambio climático sobre sus humedales costeros?

16 diciembre 2014

 

A pesar de que Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró en la pasada Conferencia 19 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 19), que con la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y un Fondo Medioambiental, México se constituye en pionero en su preparación para afrontar los efectos del CCG; que incluso ofreciera la experiencia mexicana para asesorar a otros países en el desarrollo de sus propias legislaciones, la realidad es que es muy pobre la implementación de dicho marco legal en acciones concretas. Más aun, al igual que en muchos otros renglones de la vida nacional, en la agenda ambiental se denota una ambigüedad y en algunos casos un contrasentido.

La lista de ejemplos de esta ambigüedad es enorme y parece acelerarse en los últimos años. En el caso particular de los humedales costeros, la Semarnat promueve y financia, por un lado, proyectos piloto de adaptación al CCG en humedales costeros. Tal es el caso en el Golfo de México. Pero al mismo tiempo, autoriza el cambio de uso de suelo a lo largo de la zona costera para el desarrollo de megaproyectos de infraestructura que impactan directa e indirectamente a dichos humedales y comprometen su integridad ecológica.

Este panorama, de por sí poco alentador para el ambiente, viene a hacerse aun más sombrío con la entrada en vigor de la recién decretada reforma energética, que pone a la “seguridad energética” por encima de cualquier instrumento ambiental. A pesar que la Semarnat asegura que esta reforma contribuirá a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM lo desmiente.

Y, por el contrario, enfatiza la deficiencia de esta reforma en el tema de control de emisión de gases de efecto invernadero y el poco impulso a las energías renovables.

En estos últimos años, vemos a los responsables de la Semarnat actuando como verdaderos cabilderos y gestores de particulares o de otras secretarías, apartándose de su esencia. Hay tres casos emblemáticos y de gran impacto nacional que hacen evidente el vergonzoso papel de dicha dependencia federal.

Uno es, la “devaluación” del Parque Nacional Nevado de Toluca a Área de Protección de Flora y Fauna, con lo que se da manga ancha al cambio de uso de suelo y la tala de los bosques, que son vitales para la captación de agua y abastecimiento del Valle de México.

El segundo es la modificación del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para permitir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (a través de Apiver) triplicar el tamaño actual del puerto de Veracruz. Se autoriza, aparte de la megaconstrucción en tierra, ganar terreno al mar y los arrecifes y dragar 41 millones de metros cúbicos para cavar canales de 18 metros de profundidad.

La Semarnat presume que habrá solo un efecto “moderado y puntual”, pero el engaño es evidente, ya que no solo se compromete la continuidad ecológica del citado parque nacional con la cantidad abrumadora de sedimentos que pueden ir a cubrir los arrecifes contiguos, sino que también autorizó a Apiver la explotación de cinco millones de toneladas de roca basáltica de la playa Balzapote, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas para construir sus rompeolas.

El tercer caso es la autorización de la Semarnat al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit, que pone en riesgo a uno de los últimos ríos libres del país y a la reserva de la biosfera de Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país con entre el 10 y 20 por ciento remanente de los manglares del país.

Un patrón constante en estos casos y otros más ha sido el poco rigor de los estudios previos justificativos (hechos a modo por mercenarios de la “ciencia”), la velocidad y opacidad con que se han procesado las manifestaciones de impacto ambiental y regulatorio (donde la Semarnat actúa como juez y parte), la falta de consulta real con la población afectada (comprando voluntades e incluso usando prestanombres y grupos de choque), así como el desprecio a la comunidad científica (incluso llegando al hostigamiento), que mayoritariamente alerta sobre los efectos negativos de este tipo de obras sobre ecosistemas frágiles y altamente vulnerables a los efectos del cambio climático global.

En resumen, pese a los anuncios cargados de optimismo de los funcionarios responsables de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, por lo que respecta a los humedales se hace todo lo contrario a lo que dicta la sensatez.

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01 de Diciembre, 2014
Fuente: La Jornada ecológica
Nota de Javier Bello-Pineda
Universidad Veracruzana
Correo electrónico: jabello@uv.mx