Exigen liberación de activista y 34 indígenas detenidos en Colima

03 agosto 2015

Las autoridades de Colima acusan a los indígenas y a Mosqueda Sánchez de “secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones, delitos por los que pueden alcanzar al menos 40 años de prisión. Son delitos fabricados”, dijo Pedro León Corrales, coordinador del parea agraria del Instituto de Derecho Ambiental.

Explicó que dicho día, los indígenas llevaban a cabo un recorrido por los terrenos de su propiedad para verificar que la empresa minera cumpliera con la suspensión de la explotación dictaminada por el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa y del trabajo de Jalisco por el amparo 462/2013 interpuesto por la comunidad indígena.

Precisó que desde hace varios años, la comunidad indígena localizada en el corazón de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán mantiene un diferendo de propiedad con el consorcio minero por 192 hectáreas, que la empresa afirma son de su propiedad, y las cuales son “el corazón de la explotación minera”. Dicha superficie está dentro del plano definitivo de dotación de 50 mil hectáreas inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Autlán, desde 1992 a favor de los indígenas.

Desmintió que los indígenas hayan exigido 14 millones de pesos para liberar a tres delos empleados presuntamente detenidos por los indígenas el día de su recorrido. “Ese monto corresponde al pago de la renta que desde hace tres años paga el consorcio minero a los indígenas por uno de los cuatro convenios de concesión firmados por autoridades comunales sin la aprobación de la asamblea, mediante los que presuntamente se concede a la empresa ocupe 12 mil hectáreas. La copia del cheque ya fue integrado al expediente a la demanda legal que sostiene la comunidad”, dijo en conferencia de prensa.

Refirió que el pasado miércoles, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se reunió con algunos de los integrantes de la comunidad indígena, quienes reiteraron su demanda: liberación de los detenidos; suspensión de las órdenes de aprehensión y detención en contra de los defensores de derechos humanos que apoyan la lucha de la comunidad; que el consorcio minero suspenda sus actividades, como lo establece el amparo y se cumpla con la recomendación 122/95 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de resolver el conflicto de límites entre Jalisco y Colima, y que afecta a la comunidad indígena pues sus tierras están en ambos estados.

30 de julio de 2015
Fuente: La Jornada
Nota de Matilde Pérez U.